Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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¿Qué presagia el acuerdo con los bonistas de AEE?

Lo que más llama la atención del acuerdo preliminar con un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunciado la semana pasada es el poco debate que ha suscitado. Esto es curioso, porque las disposiciones principales del acuerdo resultan algo sorpresivas y preocupantes.

Desde que inició el proceso de quiebra del gobierno y algunas de sus corporaciones públicas, incluyendo la AEE, y desde que se publicaron los primeros esbozos del plan fiscal que se requiere tener bajo la ley Promesa, se ha difundido ampliamente la expectativa —quizás ingenua— de que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico lucharán por un recorte fuerte en el monto de la deuda pública total. En los foros donde se discute el tema regularmente es común encontrar que la gente espera que el recorte (quita o “haircut”) a la deuda total sea del orden de 70 por ciento hacia arriba; quizás hasta 80 o 90 por ciento.

Sin embargo, el acuerdo preliminar en la AEE propone un recorte de poco más de 30 por ciento del monto total de la deuda de la corporación, y éste puede reducirse a poco más de 20 por ciento, si la economía de la isla y las finanzas de lo que termine siendo la nueva AEE tienen una evolución favorable en las décadas por venir. Es un recorte sumamente conservador, a la luz de las expectativas que se crearon en los últimos dos años.

Este tema es el más importante de todos los relacionados con la renegociación de la deuda pública al amparo de Promesa. Si al cabo de todo este proceso termináramos con una quita total de deuda de entre 30 y 40 por ciento, el problema no quedaría resuelto de manera definitiva; en relativamente poco tiempo sufriríamos una dolorosa recaída.

Por lo tanto, es preocupante pensar que el acuerdo anunciado en la AEE pueda sentar un precedente para la renegociación del resto de la deuda, especialmente los bonos de obligación general del Estado Libre Asociado y los bonos de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Si la jueza Laura Taylor Swain decide que un poco más de 30 por ciento es un recorte adecuado para la deuda de la AEE, que es una corporación quebrada y abatida por el huracán María, ¿qué podemos esperar en cuanto a los bonos garantizados por la constitución y la recaudación del IVU?

El acuerdo propone, además, un ajuste tarifario para respaldar los bonos nuevos que se canjearían por la deuda existente como parte de la renegociación. Es razonable que los bonistas pidan, y reciban, algún tipo de garantía de repago de la deuda nueva, pero la propia Junta de Supervisión Fiscal ha insistido reiteradamente en evitar que aumente el costo de la energía eléctrica para los hogares y las empresas puertorriqueñas, algo que resulta aún más imperativo ahora que estamos en un período de reconstrucción post huracán. De nuevo, el acuerdo parece contradecir las expectativas alimentadas por la propia Junta.

Habiendo transcurrido ya dos años desde que el Congreso de los Estados Unidos nos puso en el rumbo de Promesa, es hora de comenzar a ver avances concretos en la resolución de la crisis de la deuda. Y es apropiado que sea en la AEE donde se empiece a abrir camino hacia un mejor futuro, porque la empresa se ha convertido en el emblema de la crisis, especialmente después del huracán. Quizás es hora de que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno comuniquen con más claridad sus verdaderas expectativas y movilicen el apoyo de la ciudadanía a un plan realista y viable. Tal vez es una fantasía aspirar a una quita de 80 o 90 por ciento, pero Argentina logró negociar recortes de alrededor de 60 por ciento y nuestra situación es más grave que la que tuvo ese país en su momento.

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