Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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¿Quién cargará con la culpa de los recortes?

La controversia que ha monopolizado la atención pública esta semana bajo los casos de Título III del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) tiene que ver con la reducción de jornada laboral y pensiones a empleados públicos. Los recortes fueron supuestamente acordados con el gobierno e incluidos en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 13 de marzo de 2017.

En una petición de sentencia declaratoria radicada el 28 de agosto de 2017, la Junta pide al tribunal que ordene al gobernador Ricardo Rosselló Nevares implantar la reducción de jornada y pensiones que afecta a más de 135,000 empleados.

La Junta alega tener poderes exclusivos bajo la sección 201(c)(3) de PROMESA para aprobar el Plan y ordenar reducciones en la nómina. También menciona que PROMESA no permite acción alguna que estorbe los propósitos de la ley según la propia Junta determine, y que el organismo puede solicitar una orden judicial para llevar a cabo sus funciones.

Es cierto que la sección 108 de PROMESA concede completa autonomía a la Junta y la sección 106 (e) indica que ningún tribunal puede revocar las decisiones de la Junta sobre la certificación del plan. Sin duda, los poderes de la Junta en papel parecen ser omnímodos. Pero a la vez, resulta imposible para la Junta llevar a cabo unos recortes de salarios y pensiones sin la cooperación de la burocracia controlada por un poder ejecutivo recalcitrante. En fin, la JSF creada bajo PROMESA carece de un mecanismo interno para implementar un recorte de salarios tan abarcador, y en ausencia de cooperación del ejecutivo tendría que solicitar una orden de desacato al tribunal.

Por otro lado, el gobernador podría argumentar que la sección 303 de PROMESA protege los poderes reservados (políticos y gubernamentales) de la isla y que la sección 305 de PROMESA impide que un tribunal interfiera con estos poderes del territorio. El problema que tendría este argumento es que la sección 305 misma indica que tal protección aplica al menos que la Junta determine lo contrario.

El gobernador explicó que los recortes a empleados públicos fue una mera recomendación de la Junta al gobierno y que no constituían enmiendas aceptadas por su administración. Rosselló argumenta que bajo la sección 205 de PROMESA su única obligación era notificar al presidente y al congreso de su desacuerdo con las recomendaciones de la Junta. PROMESA no especifica cuál acción podría tomar el presidente o la Junta luego de esta comunicación. Este choque entre Junta y gobierno ha creado gran inseguridad entre los miles de empleados que podrían quedar afectados por los recortes. Por otro lado, la demanda de la Junta no solicita una orden urgente del tribunal y, por lo tanto, el gobierno tendrá por lo menos 30 días para contestar. Lo más probable es que el tribunal señale una vista para decidir la controversia en sus méritos,proceso que podría tomar meses. Es probable que el tribunal también invite a las partes a negociar la reducción laboral y las pensiones. Ambas partes tienen que reconocer que la situación de insolvencia de la isla ha empeorado por el pago de las pensiones y los déficits en programas de salud que desde ahora tendrán que salir del fondo general. Todo apunta a que será muy difícil para el tribunal dejar sin efecto el Plan Fiscal certificado y los recortes impuestos por la Junta, ya sea como enmiendas o meras recomendaciones. También es cierto que muchos casos análogos bajo el capítulo 9 del código de quiebra federal que aplica a los municipios, han terminado con recortes sustanciales a pensiones y beneficios laborales. La única pregunta sobre la mesa parece ser: ¿cuándo y de qué tamaño serán los recortes y quien tendrá que cargar con la culpa?

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