Kenneth Rivera Robles

Tribuna Invitada

Por Kenneth Rivera Robles
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Quien cobra mal, paga dos veces

Kenneth Rivera Robles,CPA y Licenciado

En los casos de quiebra bajo el Código Federal del 2005, el deudor –en ocasiones– puede hacer unos pagos que menoscaban la cantidad del caudal, lo que puede afectar el derecho de los acreedores para cobrar.

Por ejemplo, David Deudor se acoge a un procedimiento de quiebras y tiene un caudal disponible de $900,000. David tiene deudas totales de $1,500,000 que se componen de $1,000,000 a Aníbal Acreedor (67% de la deuda) y $500,000 a Carlos Cobrador (33% de la deuda). Ambas deudas tienen el mismo nivel de prioridad, pero suponga que David no le quiere pagar a Aníbal o a Carlos y decide pagarle $600,000 a un familiar de nombre Pedro Primo.

Pues bajo la Ley de Quiebras, si Aníbal o Carlos objetan –y si se demuestra que no había una razón válida para hacer ese pago– el Tribunal de Quiebras puede revocar el pago de $600,000 y exigirle a Pedro Primo que devuelva el dinero. Esto es lo que se conoce como transferencia fraudulenta. Pero el poder del Tribunal de Quiebras se extiende más allá.

Vamos a decir que David se lleva mejor con Carlos que con Aníbal, y decide pagarle primero a Carlos los $500,000 completos, a pesar de que esto es sólo 33% de la deuda, dejando el remanente de $400,000 a Aníbal quien tiene 67% de la deuda. Aníbal –como regla general– puede acudir al Tribunal de Quiebras y solicitar que se revoque dicho pago, pues el mismo constituye un pago preferente ya que Carlos está cobrando más de lo que realmente tendría derecho; que deberían ser como $300,000 (un 33% de los $900,000 del caudal).

La ley PROMESA –en su Sección 301– adopta varias secciones del Código de Quiebras, incluyendo las disposiciones de pagos preferentes y fraudulentos, requiriendo que se reclamara a las personas que recibieron este tipo de pagos por parte del gobierno.

Esto se hizo con el fin de reconstruir el caudal del gobierno para pagarles a los bonistas. El problema aquí radica en que no se completó el debido análisis para validar si los pagos eran los correctos.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) procedió a realizar una evaluación preliminar para ver si los pagos no debieron haberse hecho y si existía un contrato legal entre el gobierno y quien recibió el dinero. Según nuestro ordenamiento jurídico, un contrato entre el gobierno y una persona –que no conste por escrito ni esté debidamente registrado en la Oficina del Contralor– no puede ser vinculante o ratificado por el gobierno (Ver Alco v. Municipio, 183 DPR 530 | 2011).

La Junta identificó varios casos donde tenían duda en cuanto a la validez legal del acuerdo, incluyendo el registro mandatorio. Tenían hasta el 2 de mayo para radicar cualquier reclamación judicial y aunque se solicitó tiempo adicional el Tribunal no lo concedió. Así que, de manera preventiva, la JSF decide demandar y obligar a la persona que recibió el dinero a demostrar en el tribunal la validez legal del pago recibido. Sin embargo, reconociendo que estos casos tienen un potencial alto costo legal, sólo deciden actuar en el caso de personas que hayan cobrado más de $2,500,000 millones entre los años 2013 y 2017.

Según la Junta, se demandaron a 330 personas por un total (potencial) de $4,200 millones de dólares. Indicaron que no se hicieron reclamaciones a las entidades sin fines de lucro, religiosas, ni gubernamentales, y reconocieron que en el trámite posterior las personas demandadas tendrán la oportunidad de demostrar la validez legal de dichos pagos.

Antes de radicar las demandas, la Junta intentó que se firmaran unos acuerdos de prórroga, conocidos como “Tolling Agreements” para no tener que radicar las demandas, pero sólo “docenas” de personas firmaron dicho documento.

ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN Y EXHORTACIÓN

A nuestro entender, se debió completar el análisis de todos los pagos antes de radicar las demandas. Sin embargo, debido a que no se pudo completar a tiempo la evaluación de dichas deudas y el Tribunal no concedió tiempo adicional, podemos entender la razón de las demandas radicadas por la Junta con el propósito de proteger la integridad del caudal. El no hacerlo habría abierto la puerta para reclamaciones de actos negligentes por parte de la Junta. Tampoco parece que hubo una campaña informativa efectiva, la cual era necesaria previa a la adopción de esta decisión de demandar.

No nos parece justo ni razonable someter a todos estos empresarios boricuas a tener que hacer una contestación formal a una demanda ante un Tribunal. Como reconoce la propia Junta, al momento de usar el umbral de $2.5 millones, comparecer ante una corte especializada en una litigación compleja y novel –como es este caso bajo PROMESA– tiene un potencial alto costo para los demandados. Más aún, el hecho de que una persona haya cobrado $2.5 millones de dólares no es una indicación de que tiene todo ese dinero disponible si tuvo que hacer inversiones en empleados, maquinaria o inventario.

Por esto solicitamos a las partes concernientes –y así lo hemos comunicado– a desarrollar y adoptar un mecanismo de resolución alterna de disputa que permita aclarar la validez de dichas deudas en un procedimiento informal, simplificado y expedito. Esta alternativa sería menos costosa y onerosa para nuestros empresarios. Entendemos, luego de nuestra comunicación, que la Junta está analizando esta posibilidad.

Tenemos un dicho popular que expresa que “el que cobra mal, paga dos veces”. El no adoptar una alternativa para mitigar el impacto de esta decisión estaría implicando que una persona que proveyó un servicio y no tenga los recursos para comparecer en corte, terminaría igual pagando dos veces. Este resultado se debe evitar a toda costa.

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