Luis Vega Ramos

Tribuna invitada

Por Luis Vega Ramos
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¿Quién es el adulto a cargo del grupo?

Contrario a lo que algunos especularían, no me es grato publicar estas reflexiones. Como funcionario público electo asumo con gran respeto el laudo de mis conciudadanos cuando deciden con sus votos que esta o aquella persona debe ocupar un puesto electivo.

Sin embargo, la sucesión de eventos desafortunados en los últimos meses obligan a cuestionar el liderato, la capacidad de supervisión, el deber de fiducia y, al final del camino, el grado de responsabilidad y control que el actual gobernador tiene sobre la administración que dirige.

Fiducia implica confianza. Es un deber que tiene el fiduciario de darle certeza, seguridad y tranquilidad a aquel o aquellos que le confían la administración de sus bienes. Salvo en temas eclesiásticos o de fe, no hay fiducia más delicada o importante que la que el funcionario público recibe de sus compatriotas.

Para cumplir con este deber, el gobernador, como cualquier jefe de una Rama Ejecutiva, depende de un vasto equipo de trabajo de hombres y mujeres de su confianza que están ahí para ayudar a regentar la “res pública” , o literalmente las “cosas del pueblo”.  De ahí viene el concepto moderno de la “república”.

Es una triste realidad que en ese vasto equipo de confianza que asiste a un gobernador siempre se cuela uno que otro incompetente, uno que otro holgazán, o uno que otro negligente, politiquero o corrupto. Es la proverbial manzana podrida; la excepción que valida la presunción de honestidad y competencia que asiste a todo gobierno.

Desgraciadamente, en menos de 15 meses, el gobierno de Ricardo Rosselló ha roto toda curva aceptable sobre los niveles mínimos de competencia y honestidad que deben acompañar al gobierno. Veamos algunos ejemplos.

Por siete meses, el gobernador tuvo a su ex director de campaña política como representante de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal sin que tuviera que divulgar sus clientes, sus potenciales conflictos o estar sujeto a ninguna norma de ética gubernamental. Luego de su renuncia a la Junta Fiscal y el paso de María, ese ciudadano privado mantuvo su pase irrestricto “VIP All Access” al Centro de Operaciones de Emergencia que Rosselló montó en el Centro de Convenciones, donde tantos contratos se cuadraron.

A la par con esto, el asesor legal del gobernador recibía en La Fortaleza la queja de funcionarias de la Compañía de Turismo que, presuntamente, implicaban al director de la CTPR con hostigamiento laboral y sexual. La reacción del asesor legal del gobernador fue requerir el silencio de las quejosas que, casualmente, coincidió con la fecha de confirmación del funcionario impugnado. Seis meses de silencio después, la alegación escandalosa fue descubierta por la prensa y tras la salida indecorosa del director y el ascenso de quienes trajeron la queja, lo demás quedó en nada que no fuera el intento fallido de obligar a firmar un juramento de confidencialidad (y complicidad) a todos los empleados de La Fortaleza y el reciente reversazo con la (re) destitución del director de planificación de la CTPR ante la reiteración de las denuncias en su contra.

Ese mismo asesor legal del gobernador, con la Junta de Directores de la AEE, parece que estaba de vacaciones mientras Ricardo Ramos otorgaba el sospechoso contrato de $300 millones a Whitefish, el cual tuvo que ser cancelado y por el cual no se han atrevido a pedir reembolso de FEMA. Ahora tenemos una situación casi idéntica con un contrato de sobre $100 millones en Vivienda, invalidado por el gobierno federal y que tiene como eje de controversia a un cuestionable empresario de nombre Daniel Craig.

Súmele la pugna del secretario de Seguridad Pública, que aún continúa ocultando las muertes de María, con la hoy ex comisionada de la Policía. Y esta semana el “monitor” federal de la Policía confirmó que Pesquera estuvo dando órdenes ilegalmente durante el torpe manejo de los eventos del 1ro de mayo sin todavía haber sido confirmado por el Senado.

Añada al director de Manejo de Emergencias que sí “se fue de vacaciones” en medio de la crisis y la comedia de errores de un equipo fiscal que no puede decirle a ciencia cierta a nadie (ni al Congreso, ni al Tesoro, ni a la jueza Laura Taylor Swain, ni al pueblo) cuánto dinero de verdad queda en caja.  Esto quedó evidenciado en la pobre comparecencia de Gerardo Portela ante el Tribunal Federal sobre la crisis fiscal de la AEE.

Pero la gota que colma la copa es la publicación por funcionarios y periodistas valientes del “Chat del Coffee Break” en el cual, al menos, actuales funcionarios como la subsecretaria de la Gobernación, el procurador general de Justicia, el director de AEE, el comisionado de Seguros, la administradora de ASUME, el secretario de Agricultura interactuaban y asesoraban a un juez en funciones sobre cómo adjudicar una controversia electoral ante él. Posteriormente, dicho juez fue nombrado por el gobernador Rosselló a la presidencia de la CEE, a la que tuvo que renunciar tras publicarse el chat. Ahora enfrenta una pesquisa por la Administración de Tribunales, mientras el Departamento de Justicia parece más interesado en impugnar la inmunidad legislativa del senador Aníbal José Torres.

Todo este cuadro lamentable me hace pensar en ese grupo de niños que son llevados al cine, a comer pizza o al parque de diversiones. Usualmente, los pequeñines se emocionan con los atractivos a su alrededor y comienzan a alterar la paz de los demás. Eventualmente el encargado del establecimiento se acerca al tumulto y pregunta: ¿Quién es el adulto a cargo del grupo? Hoy somos muchos los que nos hacemos esa pregunta sobre el actual gobierno.

Señor gobernador, usted no es el responsable de los problemas que heredó, pero sí de como los ha complicado en estos 13 meses. Llegó el momento de no tolerar más las insuficiencias y la inmadurez de su equipo de trabajo para convertirse en el adulto a cargo del gobierno.

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