Celestino Matta Méndez

Punto de Vista

Por Celestino Matta Méndez
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¿Quién protege a nuestro Viejo San Juan?

¿Quién está llamado a darle entera protección a los moradores, al comercio y a la propiedad pública y privada del Viejo San Juan, patrimonio cultural de nuestro pueblo y de la humanidad? A esa joya histórica de nuestra ciudad capital, a quien algunos han llamado “Ciudad Patria”.

Muy tristemente hemos visto como en ese Viejo San Juan, en dos fechas recientes, se han desarrollado manifestaciones antigubernamentales que han desembocado en serios disturbios y vandalismo a propiedad pública y privada.  Actos vergonzosos que nos denigran como un pueblo de ley y orden amante de la democracia.

Y lo peor de todo es, que dichos actos han sido ejecutados por un minúsculo grupo de facinerosos que pretenden dislocar nuestra democracia y desestabilizar el gobierno, para adelantar causas que no pueden lograr mediante mecanismos democráticos, porque son repudiadas por la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

Pero, a pesar de la realidad antes señalada, y de que dichos actos eran y son razonablemente previsibles, el Viejo San Juan careció totalmente de la protección que la Policía Municipal de San Juan viene obligada a ofrecer, por ley. No se intervino en las manifestaciones, ni tan siquiera para proveer una presencia y una supervisión y dirección que asegurase la observancia de la ley y el orden. Una ausencia total de un deber que por ley vienen llamados a ejecutar los alcaldes, las asambleas municipales y los cuerpos de policía municipal. Un deber que todos estos funcionarios juran defender y ejecutar al asumir sus cargos.   

Los municipios son criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa, a quienes se les ha delegado el poder de razón de estado (“pólice power”), para velar y garantizar la seguridad pública, la salud, la moral pública y la paz y tranquilidad de la comunidad municipal. Y es a base de esa delegación, para garantizar su ejecución, que se crea la Policía Municipal.  

El deber de proveer protección a la ciudadanía y a la propiedad es un deber ministerial del municipio. “Como se sabe, un deber ministerial es uno en cuya ejecución no cabe ejercicio de discreción alguna por parte de la persona que viene obligada a cumplirlo”. Álvarez de Choudens v. Tribunal, 10 de enero de 1975. La omisión o la negligencia en el cumplimiento de un deber impuesto por ley, puede inclusive constituir delito y/o violación a leyes de ética gubernamental.

 “Toda sociedad civilizada constituida sobre bases de derecho, tiene como ideal primario la preservación del orden público y la seguridad de sus integrantes contra los que ponen en peligro su existencia”. Rabell Martínez v. Alcaides, 22 de septiembre de 1975.

Sabido es que: “Los funcionarios y las oficinas públicas tiene que cumplir la ley como cualquier hijo de vecino”. San Juan Mercantil v. Junta, 19 de septiembre de 1975.

Un funcionario o empleado público puede tener muchas razones personales o políticas para ignorar, violar o desatender un deber que le impone la ley, pero: “Nadie tiene derecho, en una sociedad democrática, a promover sus particulares intereses a costa de un mayor sector del pueblo, imponiendo a este un tributo de sufrimiento, privación, y desvalimiento, no importa la justicia real o nominal de la reclamación”. Autoridad de Puertos v. Tribunal, 20 de mayo de 1975.

Puerto Rico merece y exige que se impongan consecuencias a todos aquellos que, violentando disposiciones de ley, desprotegieron al Viejo San Juan, dando lugar a que se causaran daños a la propiedad pública y privada, y a que se deshonrara nuestro sistema democrático de ley y orden.  “La capacidad de defensa social y represión del crimen en los países democráticos radica en la sabiduría de sus leyes y en la idoneidad de sus funcionarios”.  Pueblo v. Dones, 25 de marzo de 1974.


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