Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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¿Quo vadis, Wanda?

El chat de Telegram desencadenó los eventos que derivaron en la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación, pero esa no puede ser su única consecuencia.

El chat, como se refleja en el intercambio de mociones y requerimientos relacionados, recoge la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios y contratistas cercanos a Rosselló Nevares que intercambiaron mensajes digitales homofóbicos y sexistas en los que también se tocaban asuntos de gobierno.

El Departamento de Justicia inició una investigación cuando la hoy gobernadora Wanda Vázquez todavía lo dirigía. También hay una pesquisa federal abierta a raíz de denuncias del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien participó en el grupo aunque no en las conversaciones impropias conocidas hasta ahora.

Vázquez ya no debe intervenir en la pesquisa de Justicia, pero puede tomar acciones correctivas que impidan la repetición de las conductas exhibidas por Rosselló Nevares y sus amigos.

Un integrante activo del chat, Ricardo Llerandi, renunció como secretario de la Gobernación a consecuencia del escándalo, pero mantuvo su cargo de director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial.

Y Anthony Maceira, quien en calidad de secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza manejó la defensa pública de Rosselló Nevares en las semanas previas a su renuncia, dejó ese cargo pero se mantuvo como titular de la Autoridad de los Puertos.

Llerandi y Maceira están demasiado vinculados al escandaloso episodio del chat como para permanecer en el gobierno y Vázquez está obligada moralmente a removerlos de sus puestos.

No lo ha hecho, como tampoco ha dado pasos para revertir malas decisiones, algunas con visos de corrupción, tomadas apresuradamente por Rosselló Nevares en la semana que transcurrió entre el anuncio y la efectividad de su dimisión.

Aunque se movió con rapidez para detener un dudoso contrato otorgado por la Autoridad de Energía Eléctrica que fue anulado a raíz del anuncio de que sería revisado, Vázquez no actuó inmediatamente para revertir una serie de contrataciones millonarias autorizadas por Rosselló Nevares un día antes de su partida y la Junta de Supervisión Fiscal tomó la iniciativa.

La gobernadora, que tan pronto asumió el cargo avalada por el Tribunal Supremo dijo que ella no era política ni tenía planes electorales, ha comenzado a ceder a presiones partidistas de los alcaldes y del liderato legislativo.

A pesar de que la autoridad constitucional es suya, Vázquez empezó a reunirse con los presidentes camerales para discutir nombramientos de gabinete que están pendientes, como las secretarías de Estado y Justicia.

Y a los alcaldes novoprogresistas ya les prometió apoyar la ley 29 de este año, que exime a los municipios de contribuir al pago de pensiones del gobierno y a la reforma de salud, a pesar de la oposición de la Junta Fiscal que sostiene que tales exenciones no se ajustan al plan fiscal.

Vázquez ha reconocido los reclamos de gobierno limpio y transparente que hicieron los ciudadanos en las protestas de julio, pero tiene pendiente tomar  acciones proactivas en esa dirección.

Si, como ha dicho, no tiene aspiraciones electorales, Vázquez debe comenzar de inmediato a mover fichas para enderezar los entuertos de la administración de Rosselló Nevares, pues la radicación de candidaturas para las primarias de junio de 2020 abrirá en diciembre de este año y las presiones políticas seguramente aumentarán.

De cara a ese escenario, la cautela extrema de Vázquez resulta preocupante para un país que exige respuestas contundentes a la incompetencia, la corrupción y la falta de respeto al pueblo que caracterizaron la gobernación de Rosselló Nevares.

Es hora pasada de que Vázquez exprese claramente hacia dónde se dirige.

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