Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Ramos Sáenz: delito serio, castigo leve

La sentencia suspendida de seis años que una jueza le acaba de imponer al exjuez Rafael Ramos Sáenz no se corresponde con la gravedad de los actos admitidos por el exmagistrado.

Ramos Sáenz, quien estuvo brevemente en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones en 2017, arregló un año antes decisiones de la Junta Local Electoral de Moca que presidía, para ajustarlas a la conveniencia de oficiales de la campaña del entonces candidato penepé a la gobernación, Ricardo Rosselló Nevares.

Las acciones de Ramos Sáenz fueron en detrimento de candidatos de partidos opositores al suyo, el Partido Nuevo Progresista, como se desprende de sus intervenciones en un chat de WhatsApp en el que participaba con los oficiales de la campaña, los que eventualmente se convirtieron en funcionarios de la administración de Rosselló Nevares.

La Oficina del Fiscal Especial Independiente no acusó a ninguno de esos colaboradores de Rosselló Nevares, que salieron de sus puestos en La Fortaleza, pero a Ramos Sáenz se le radicaron 19 cargos graves que, en una negociación a cambio de declararse culpable, se le bajaron a menos graves y resultaron en la sentencia suspendida impuesta por la jueza Heidi Kiess Rivera.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ramos Sáenz no va a la cárcel y cumplirá sus seis años en libertad en San Antonio, Texas, donde reside ahora con su familia.

Lo que ha ocurrido en el caso de Ramos Sáenz es un mal ejemplo para la sociedad. El mensaje que se envía es terrible: trastear con el sistema electoral no tiene consecuencias para los responsables.

Algunos podrán argumentar que el exjuez ha sufrido el escarnio público —merecido si tomamos en cuenta que se declaró culpable— y que tendrá que cumplir algunas condiciones que la justicia puertorriqueña, para colmo, ahora delegará en el estado de Texas.

Los demás participantes del chat electoral, aparte de perder sus empleos en La Fortaleza, no tendrán que responderle a la sociedad.

El peor mal que afecta a nuestras instituciones públicas desde hace años es la corrupción. Y corrupción no tiene que ver únicamente con robar fondos públicos.

El chat electoral, que fue un escándalo mayúsculo en su momento, termina discretamente con la sentencia suspendida de Ramos Sáenz.

Esta no es la primera decepción que sufrimos a costa de la Oficina del FEI. Va siendo hora de exigirle cuentas.

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