Zoé Laboy Alvarado

Punto de vista

Por Zoé Laboy Alvarado
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Reapertura: cuando el empleado no puede regresar al trabajo

El gobierno federal, específicamente la Casa Blanca, ha publicado unas guías que los estados deben cumplir antes de flexibilizar las restricciones impuestas para reducir el contagio con el COVID-19. Sin embargo, existe consenso en que, ante la ausencia de una vacuna, aun cumpliendo con esas guías, la reapertura pudiera aumentar los casos.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, anunció recientemente la reapertura de muchos negocios a partir del 26 de mayo de 2020. Asegura que los cambios son producto del consenso de profesionales de la salud y la economía. Los detalles de esos cambios lo comparten los medios de comunicación, pero creo importante mencionar que el toque de queda sigue en pie, con algunas excepciones, y que el uso de las mascarillas es obligatorio en todo momento.

Como he mencionado, la economía y la salud son aspectos que se pueden trabajar de forma paralela. Insisto en que el nivel de contagio dependerá en gran medida de que cada uno haga su parte. Por un lado, será imperativo que los negocios que abran tomen las medidas necesarias para proteger a sus empleados y clientes, minimizando los riesgos de contagio. Por el otro lado, a cada empleado y cliente le tocará observar todas esas medidas y al gobierno fiscalizar su cumplimiento.

Sabemos que esas medidas para proteger la salud de nuestra gente tendrán un impacto económico en esos negocios, particularmente en los pequeños y medianos. Esos productos de protección personal cuestan. Además, estos negocios ya han sido impactados por el tiempo durante el cual no pudieron operar y, por tanto, dejaron de generar los ingresos. Ante esto, pregunto si el gobierno, del dinero destinado para ayudas, asignará o debería asignar un presupuesto a esos negocios para absorber este gasto.

Otro reto que presenta esta reapertura es cuáles son los derechos de ese empleado que es llamado a volver a su lugar de trabajo, pero entiende que no debe regresar. Al igual que en los estados, en Puerto Rico ha surgido la pregunta de cuáles serán las consecuencias para ese empleado.

El 27 de marzo de 2020 entró en vigor la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). Esta ley fue promulgada con el propósito de enfrentar y mitigar las consecuencias de esta pandemia, particularmente en la economía. En este estatuto se incluyen detalles que pueden contestar la pregunta sobre las consecuencias para el empleado. Sin embargo, la contestación dependerá de si la razón para la negativa a regresar es justificada. Entre las razones justificadas se mencionan que el empleado esté a cargo del cuido de un menor, cuya escuela o cuido esté cerrado. Otro ejemplo es que el empleado tenga a cargo el cuidado de una persona contagiada con el COVID-19. 

Las guías establecidas por el gobierno federal, aunque útiles, siempre dejan preguntas sin contestar, por lo que si el empleado entiende que su razón para no regresar es justificada, deberá dialogar con el patrono. Lo que no puede hacer ese empleado, para evitar poner en riesgo su empleo o los beneficios de desempleo, es sencillamente decidir rechazar la oferta de regresar a su empleo. Antes de tomar decisiones, mi recomendación, infórmese.

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