Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Recuperación sin generosidad federal

Gustavo Vélez

En las primeras semanas del 2018, continúan llegando malas noticias de la capital federal. Hace varios días El Nuevo Día destacaba que el Departamento del Tesoro Federal no autorizaría por el momento el préstamo de $4,800 millones que se había aprobado luego del paso del huracán María.

Este préstamo tiene el propósito de atender los problemas de liquidez como resultado del impacto del evento natural en la economía local. Ayer mismo, el propio Departamento de Hacienda, a través de su secretario, Raúl Maldonado, dejó saber que los recaudos han sufrido una merma de $260 millones con respecto a lo proyectado, en gran medida al efecto del huracán María.

También se informó que la asignación de $1,000 millones para Medicaid fue excluida de la resolución para extender los gastos de funcionamiento del gobierno federal, lo que implica que la Reforma de Salud pueden enfrentar, tan reciente como en marzo, problemas de financiamiento.

El Senado federal no incluyó en su votación los $1,000 millones que sí había incluido la Cámara federal. Así las cosas, los potenciales problemas de liquidez que el gobierno puede enfrentar se pueden multiplicar según transcurra el tiempo y la economía continúe su contracción.

Si leemos bien los mensajes que nos envían desde Washington, podemos concluir varias cosas. En primer lugar, que la credibilidad de Puerto Rico está en su peor momento ante el gobierno federal, y que, en segundo lugar, nuestros problemas no parecen ser tema prioritario en los altos círculos de poder en la capital federal.

Esta semana, el gobierno federal volvió a correr el riesgo de enfrentar un cierre al no contar con dinero para operar. Esta tercera realidad es indicativa de que además de la indiferencia del Congreso hacia los graves problemas fiscales y de reconstrucción que enfrenta la isla, el alto endeudamiento del gobierno federal opera en contra de las necesidades locales.

Ante este cuadro, me parece que es momento de digerir la dura verdad de que estamos solos, y que debemos comenzar a articular un programa de recuperación que no esté fundamentado en la generosidad federal, sino en nuestras capacidades y recursos.

La posibilidad cada vez más real de que el dinero federal para financiar los procesos de la recuperación no sea suficiente y no se libere con la velocidad que la situación amerita, va a implicar que el proceso de estabilización y normalización tome más tiempo de lo que originalmente se estimó.

Este escenario implica también que los problemas asociados a la desarticulación de la economía —como la emigración, alto nivel de desempleo, reducción en los recaudos fiscales y el deterioro físico, económico y social que aceleró el huracán— incrementen.

Sin acceso a los mercados de capital, dado a que el gobierno está enfrascado en un litigio de quiebra bajo el Título 3 de Promesa, se limitan las posibilidades de maniobra del gobierno para financiar la recuperación.

En estas condiciones adversas, un programa de recuperación, más criollo que federal, debe descansar en primer lugar en la voluntad y capacidad de los diversos sectores de la sociedad puertorriqueña. Traigo de ejemplo la iniciativa del municipio de San Sebastián que, ante el retraso de la Autoridad de Energía Eléctrica, decidió montar su propia estructura para restablecer el servicio de energía.

En el municipio de Adjuntas, la organización comunitaria “Casa Pueblo” ha dado cátedra en como maximizar la energía renovable para energizar las comunidades. Esta semana anunciaron que su emisora ya va a operar 100% con energía solar. En el municipio de Bayamón, el alcalde ha asumido la totalidad de los gastos para rehabilitar a sus municipios.

Al igual que estos tres ejemplos, hay muchas mas en diversas comunidades que han decidido liderar los procesos de recuperación.

Ante los retos anteriormente mencionados, las aseguradoras deben comenzar a agilizar los pagos de los reclamos para poner el dinero a correr y poder así llenar el vacío que está dejando el gobierno federal. Hemos estimado que los pagos por reclamaciones deben ascender a cerca de $15,000 millones. En la medida en que ese dinero se pague a las aseguradoras se agiliza parte del proceso de recuperación.

Por último, el sector privado debe ser proactivo y ejercer el liderazgo en los trabajos de reconstrucción.

Claramente, nos enfrentamos a un nuevo Puerto Rico que va a requerir un reenfoque en los modelos de negocios de las empresas. Sin embargo, urge que la empresa privada apueste sin timidez a ese nuevo país que aún está en etapa de gestación. La inversión y la exportación serán elementos cruciales dentro de esta nueva visión de futuro. Contrario al pasado, nuestras soluciones ya no vendrán más de Washington, tiene que ser creadas por nosotros mismos.

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