Ana Helvia Quintero

Tribuna Invitada

Por Ana Helvia Quintero
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Redefiniendo el interés público

Muchas de las discusiones que se están dando en estos días: la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, la creación de Escuelas Alianzas, por dar dos ejemplos, tienen de fondo el tema de lo público y lo privado.

Se define lo público como lo que administra el Estado y lo privado lo que administra un ciudadano o grupos de ciudadanos. Se hacen también las ecuaciones: lo público = interés común y lo privado = interés personal.

Sin embargo, no siempre lo que administra el estado actúa para beneficio de la sociedad y existen iniciativas privadas con fines de justicia social. Por tanto, es necesario que revisemos las categorías que corrientemente utilizamos al dividir los servicios entre lo público y lo privado, y pensemos en nuevas categorías que apoyen el bienestar de la sociedad.

Por ejemplo, en algunas situaciones se borran las fronteras entre el interés social y lo privado. Así se ha desarrollado el concepto del empresariado social. El libro del profesor José Rodelgo Bueno, Empresario Social: del estado benefactor a la sociedad del bienestar, analiza la discusión que se está dando a nivel mundial en torno a este concepto.

Rodelgo Bueno describe la empresa social como: “Las empresas sociales nacen con un ideal que confiere gran importancia al servicio que prestan. Ofrecen un servicio que va más allá de la mera calidad técnica y más allá de la eficiencia. Por la dedicación y el cariño que caracterizan a su trabajo y por la experiencia adquirida en el trato diario con la gente, constituyen la respuesta más adecuada y más humana a las necesidades que tienen los usuarios y están llamadas a desempeñar un papel decisivo en los años venideros”.

En Puerto Rico, debemos estar atentos y receptivos a esta discusión. Ante la ineficiencia en muchos de los servicios públicos del país, se plantea la alternativa opuesta, la privatización. Al igual que en muchos países esta alternativa no ha dado buenos resultados.

Ahora bien, la discusión no debe encajonarse en si el servicio es público o privado, sino en buscar alternativas de atender el interés común, como las empresas sociales. El gobierno debe, pues, revaluar la idea de que debe ofrecer todos los servicios y más bien transformarse en una organización que coordina y supervisa diversas iniciativas que atiendan las necesidades de la sociedad. Puede entonces crear alianzas para desarrollar la agenda de trabajo, tanto entre sus propias dependencias, como con la comunidad o con el sector privado.

Por ejemplo, en el 2009 el Departamento de Educación (DE) inició el programa C.A.S.A. para atender jóvenes que abandonaron la escuela o que tenían problemas de violencia. El programa bajo el DE tuvo una efectividad limitada. Se adoptó, entonces, la política de delegar el desarrollo de este programa a entidades no gubernamentales de interés social. Esto evolucionó a la creación de la Ley de la Alianza de Educación Alternativa, en donde “empresas sociales” como los Centros Sor Isolina, PECES, ASPIRA y Nuestra Escuelas trabajan en forma efectiva con estos jóvenes.

En lugar de invertir en un proyecto nuevo del DE, se debe invertir en fortalecer estas empresas sociales que ya han desarrollado modelos exitosos, aportando con recursos a los mismos y evaluando su ejecutoria. Dado la base comunitaria de estos proyectos, pueden combinar esfuerzos educativos con los apoyos sociales a estudiantes y su comunidad. Estas alianzas también se deben promover en otras áreas de servicios públicos.

De hecho, es preciso que el gobierno repiense su labor como “un estado benefactor” y comience a transformarse en generador y apoyador de iniciativas, donde su rol es evaluar y supervisar que los servicios se estén dando en forma que beneficien al país, que apoyen el bien común.

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