Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Reducir evita un daño mayor

La experiencia más traumática que han sufrido los empleados del gobierno en Puerto Rico tiene que haber sido el despido de miles de ellos en la administración de Luis Fortuño. Después de esa experiencia tan dura —y de tan poco efecto en el desequilibrio fiscal, a fin de cuentas— la mayoría de la gente se convenció de que la reducción de la jornada laboral es un método menos dañino de ajustar la nómina gubernamental que el dejar trabajadores sin empleo y familias sin ingreso.

Mucho antes de que se aprobara la ley PROMESA y se impusiera la Junta de Supervisión Fiscal, muchos en Puerto Rico pensaban que era cuestión de tiempo que hubiera que reducir la jornada laboral en el gobierno para acabar de cerrar el déficit estructural que seguimos arrastrando, aún después de los recortes que se hicieron en las administraciones de Fortuño y Alejandro García Padilla. En los últimos dos o tres años, los economistas recibíamos frecuentemente preguntas de la prensa y de entidades de negocios sobre el posible efecto en la economía de una medida como la que acaba de aprobar la Junta.

No hay duda de que el efecto es negativo. Se ha estimado que reducir la jornada laboral a cuatro días por semana —lo que equivale a reducir el salario de los empleados públicos en un 20 por ciento— le quitaría algo más de $500 millones a la economía. Lo que la Junta decidió poner en efecto es la mitad de esto —un recorte de 10 por ciento— pero, aun así, el efecto agregado en la economía será sustancial, y es un efecto que se sumará a la contracción severa que ya está ocurriendo desde hace más de 10 años.

Más que el efecto agregado en la economía, que es fuerte, pero impersonal, hay que pensar en el efecto a nivel individual de las familias afectadas; perder $10 de cada $100 en un presupuesto que ya es de por sí precario no es algo para tomarse a la ligera.

Lo importante aquí es saber si ese recorte es o no necesario para asegurar el balance presupuestario que se contempla en el Plan Fiscal diseñado por el gobierno y la Junta. El gobierno dice que no; la Junta insiste que sí. Al final, es de esperar que la Junta prevalezca, porque la intención del Congreso es justamente que la Junta tenga la última palabra en este tipo de desacuerdo.

Pero más allá de la pelea entre la Junta y el gobierno —que es lo que más distrae la atención en estos momentos— pensemos en los empleados públicos. ¿Qué es peor, un recorte de jornada ahora, o recortes más fuertes, incluyendo posibles despidos, dentro de un año o dos? El recuerdo de los despidos masivos de la administración Fortuño debería bastar para que optáramos por el mal menor.

Es humano querer evitar o aplazar el dolor, pero en los pasados 10 años ya hemos visto que cada vez que eludimos la acción decisiva para controlar el desequilibrio fiscal lo único que logramos es que el problema se haga más difícil de manejar. La mejor manera de protegera los empleados públicos es evitando que la situación fiscal del gobierno se siga deteriorando.

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