Nicolás Ramos Gandía

Tribuna Invitada

Por Nicolás Ramos Gandía
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¿Reforma de qué?

Ya comenzó el canto de sirenas con el anunció del secretario de Educación de una supuesta reforma educativa en nuestro sistema de educación pública para el año 2015. Pero a la vez se atreven a decirnos que reclutarán, en las áreas de difícil reclutamiento (léase matemáticas, ciencias e inglés), estudiantes universitarios con un mínimos de 60 o más créditos conducentes al grado de bachillerato, de los cuales nueve tendrán que ser en el área de especialidad, como si la incompetencia fuera la gran cosa.

El conocimiento se respeta, pero también se reta, pues sin esto todavía viajaríamos a caballo. Sin embargo, lo absurdo no es un reto, es puro cinismo.

Si queremos realizar acciones atrevidas, discutamos la idea de los finlandeses que desde el año escolar del 2016 establecieron que los niños que inician su primer grado aprenderán como requisito la escritura en letra de imprenta y no será obligatoria la enseñanza de la caligrafía cursiva. Si se piensa que eso es una locura, entonces hay que observar a los niños de nuestro entorno y los veremos escribiendo en teclados de computadoras o en los virtuales del “smartphone”. Acaso no es sabido que la escritura a mano y cursiva sólo ocurre cuando lo piden en la escuela.

La idea de los fineses es utilizar el tiempo dedicado a la enseñanza de la letra corrida en el aprendizaje del teclado. Incluso podríamos colaborar e intercambiar ideas, acciones y resultados con los finlandeses para aquilatar el valor de un proyecto como ése en dos países tan opuestos en la calidad de su educación pública.

Claro eso conllevaría dos retos: una fuerte inversión económica para que los salones de los primeros grados cuenten con el equipo necesario y un compromiso genuino para cultivar la lectura y escritura diaria dentro y fuera de la escuela. ¿Están dispuestos los maestros y los padres a pagar el precio de lo segundo?

Los políticos nos dicen que esperan que el sistema de educación mida resultados y responsabilice a los que incumplen. Entonces que el Departamento de Educación provea a través de Internet, si los tiene, –que lo dudo–, los datos de la matrícula, las tasas de retención y graduación de sus estudiantes en los últimos veinticuatro años. ¿Quién es el responsable?

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