Héctor M. Pérez Acosta

Punto de vista

Por Héctor M. Pérez Acosta
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Reforma policial: reto para Wanda Vázquez

El próximo mes se cumplen ocho años desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó oficialmente a las autoridades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los resultados de una investigación que se practicó en torno al funcionamiento operacional de la Policía y su efecto en la protección de los derechos civiles.  Aunque ya se venían evidenciando desde mucho antes, fue en septiembre de 2011 que Justicia Federal indicó que habían comprobado, entre otros hallazgos, el uso de fuerza excesiva en el desempeño de las funciones policiales, así como la supresión a la libertad de expresión y la práctica de efectuar registros y allanamientos irrazonables.  Serios señalamientos.  

Fue entonces que las autoridades locales aceptaron, ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, los referidos hallazgos y mediante estipulación se comprometieron a cumplir con más de trescientos requerimientos, para atenderlos y corregirlos, en un término de diez años.  Es lo que conocemos como la reforma de la Policía. 

 Se creó toda una estructura supervisora, encabezada por un asesor técnico o monitor, nombrado por la Corte Federal, con la encomienda de evaluar la implantación y desarrollo de la reforma, según acordada. 

Transcurridos estos ocho años, es de rigor que nos preguntemos por los resultados visibles de la reforma y exigir que se le rindan cuentas claras al pueblo. Como todo proyecto de tan importante envergadura, dirigido a modificar sustancialmente toda una cultura o patrones de conducta oficializada, entronizada y transmitida de generación en generación, el proyecto ha confrontado resistencia.  “Resistencia al cambio”, le llaman los especialistas en conducta organizacional. Y es que, tal resistencia, era y es de esperarse, principalmente entre quienes están llamados a modificar sus métodos y prácticas operacionales, en un cuerpo cuasi militar, como ciertamente es la Policía. 

Pero, inexplicablemente para muchos, el mayor tropiezo o resistencia que ha recibido la reforma hasta hoy, quedó evidenciado en el tristemente famoso “chat” de Rosselló. Y es que allí quedó al desnudo la falta de un genuino compromiso por cumplir seriamente con lo acordado.  Tan es así, que, entre los más allegados al gobernador Rosselló, en el chat se ataca crudamente a la figura del entonces monitor federal, Arnaldo Claudio.  En una clara visión política sobre la reforma, en el chat se concluye, a fines del pasado año, que habría que causarle problemas a Claudio ya que este sería “un dolor de cabeza mayor en el 2020”. 

Hay acuerdos cuyo cumplimiento pudieran quizás aplazarse sin mayores consecuencias.  Y hasta matizarlos con las consideraciones políticas del momento. Pero este, no. 

La reforma de la Policía es cosa seria que debe atenderse con la más alta prioridad y premura. No fuimos pocos los que durante las recientes manifestaciones ciudadanas frente a La Fortaleza y en otros lugares del país estuvimos “con los dedos cruzados” y el alma en vilo, esperando que no sucediera lo peor, no solo por los ciudadanos; también por los hermanos agentes del orden público.

Las expresiones del comisionado Henry Escalera, principal responsable de la implantación operacional de la reforma, nada añadieron a la tranquilidad del pueblo, cuando en la noche del lunes, 15 de julio de 2019, reaccionó a la intervención de las autoridades contra los manifestantes, asegurando que defenderían la democracia “hasta las últimas consecuencias” y “hasta la última gota de sangre”. 

La bola está en su cancha, señora gobernadora; el reto es suyo para que no brote ni la primera ni la última gota de sangre. 

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