Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Reformar la reforma electoral

Los sucesos del último mes han enfriado la discusión sobre la reforma electoral que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pretende poner en vigor para los comicios del año próximo.

Rivera Schatz tiene la sartén por el mango desde su posición de poder en la legislatura y en el Partido Nuevo Progresista, pero ahora, tras hacerse efectiva la renuncia de Norma Burgos como comisionada electoral del PNP, también tiene la mesa servida.

El sistema electoral puertorriqueño, que por años fue producto del consenso de los partidos principales, está dominado por la partidocracia y, si el plan de Rivera Schatz se hace efectivo, será sometido a un control aún más férreo del partido en el gobierno de cara a las elecciones de noviembre de 2020.

Burgos, quien ha tenido encontronazos públicos con el presidente del Senado, renunció cuando Ricardo Rosselló anunció su propia dimisión, pero al asumir la presidencia del PNP, Rivera Schatz le pidió que se quedara hasta el 15 de agosto, según dijo ella misma.

Ahora, Rivera Schatz, que conoce a fondo la Comisión Estatal de Elecciones por la influencia que desarrolló en sus años como comisionado electoral, podrá designar a alguien de su entera confianza para ocupar la silla de Burgos.

La reforma que propuso Rivera Schatz les arrebata a los partidos de oposición inscritos los pocos espacios que han ocupado en la CEE y que ahora garantizan su existencia en la democracia.

Aunque ha dicho que su reforma “no está escrita en piedra”, Rivera Schatz propuso cambios que dejarían a las minorías al margen de la administración en la CEE, organismo en el que solo tendrían participación los dos partidos principales y en el que las decisiones cruciales estarían irremediablemente en manos del partido de gobierno.

Los partidos de oposición han objetado varias disposiciones de la reforma de Rivera Schatz, como la que modifica el método por el cual se designa al presidente de la Comisión. Actualmente, son los comisionados electorales los que escogen por consenso al presidente y, si no se logra un acuerdo, entonces interviene el gobernador para nominar a un candidato que debe ser confirmado por Cámara y Senado.

El proyecto de Rivera Schatz le da esa responsabilidad de nombramiento al Tribunal Supremo, lo que vulnera la separación de poderes y coloca al Supremo como juez y parte, ya que podría tener que resolver sobre decisiones de la persona a la que nombró.

En otra propuesta cuestionable, se elimina el balance electoral y los partidos minoritarios quedan fuera de las posiciones de mando en la CEE.

La reforma electoral descansa en un uso peligrosamente excesivo del internet, hasta el punto de incorporar el voto cibernético de los electores, lo que podría prestarse al fraude.

No hay duda de que la ley electoral actual, igual que la de financiamiento de los partidos políticos, necesita revisarse. Entre otros aspectos, es preciso disminuir el costo tan elevado de los procesos eleccionarios y poner fin al “batatal” de altos sueldos y contratos innecesarios, sobre todo los otorgados por amiguísmo partidista.

Lo que no puede permitirse es que se pongan en peligro las garantías constitucionales de limpieza y se intente vulnerar los derechos individuales y colectivos que hacen valer la voluntad democrática de los ciudadanos.

El país le dijo que no recientemente a las pretensiones de Rivera Schatz y Jenniffer González de aprovechar la indignación ciudadana que obligó a Rosselló a irse, para hacerse con la Fortaleza.

Es momento de volver a decirles que no.


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