Aníbal Acevedo Vilá

Tribuna Invitada

Por Aníbal Acevedo Vilá
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Reformas democráticas urgentes

La crisis democrática creada por los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal dramatiza dos deficiencias de nuestra realidad política: la relación colonial de Puerto Rico y las deficiencias intrínsecas en nuestro modelo democrático de gobernanza. Bajo la bota de la Junta, estamos en una especie de suspensión extra-constitucional de nuestros poderes democráticos limitados de autogobierno. Pero mientras luchamos para que este periodo pase los más pronto posible, hay que adelantar una agenda de cambio constitucional y democrático que permita superar y evitar los errores del pasado, y que a la vez transforme nuestra relación política y económica con Estados Unidos. Y hay que hacerlo independientemente de la decisión final que se tome sobre nuestro status político.

Desde 1952, no ha ocurrido ningún cambio significativo en nuestro modelo democrático, salvo la papeleta separada para elegir los alcaldes y los legisladores. En mi libro recién publicado sobre la teoría y la práctica de separación de poderes, hago las siguientes recomendaciones de reformas democráticas, con la intención de generar una discusión cabal:

1. Separar la elección de los legisladores de la elección del gobernador y los alcaldes. Ese cambio liberaría a los legisladores de la dependencia política de su candidato a gobernador y alcalde; y establecería una vinculación más estrecha entre el elector y su legislador. La mayoría sabe quién es su alcalde, pero no quién es su legislador. Este cambio daría mayor poder a los electores, y permitiría una mayor independencia de criterio para escoger legisladores. Propongo que la elección del gobernador y los alcaldes se continúe haciendo como ahora y que la elección de los legisladores se haga en la misma fecha que la elección de medio término del Congreso, por términos de cuatro años.

2. Reformar el método para elegir legisladores por acumulación. Si la gente no sabe quién es su legislador de distrito, mucho menos sabe por quién votó como legislador por acumulación. El proceso actual diluye el voto y le da demasiado poder a los partidos, que son los que deciden qué candidato “acumula” votos en los distintos precintos electorales.

3. Facilitar las candidaturas a los puestos electivos bajo más de una insignia, así como las alianzas y coaliciones entre partidos. Esto permitiría que se generen más movimientos o partidos políticos, que pueden postular sus candidatos para algunas posiciones y respaldar los de otros partidos para otras posiciones. Esto está prohibido por la ley electoral vigente, y yo sostengo que es inconstitucional.

4. Establecer una segunda ronda para la elección del gobernador y los alcaldes. Estamos viviendo la experiencia de tener un gobernador que obtuvo solo el 42 por ciento del voto. La segunda ronda garantizaría que la persona electa tenga un verdadero mandato para dirigir. Además, facilitaría la creación y participación de partidos pequeños, que influirían la segunda ronda.

5. Crear el puesto de vicegobernador por elección. Aunque nunca ha sucedido, Puerto Rico entraría en una crisis democrática si un gobernador no puede completar su término, y un funcionario no electo asumiera el cargo.

6. Revisar las normas sobre el poder irrestricto del gobernador para despedir funcionarios. La experiencia nos dice que hay que limitar este poder para despedir libremente a los miembros de organismos y juntas directivas, que por su naturaleza deberían gozar de verdadera autonomía (como la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas y corporaciones públicas).

Presento estas ideas para abrir la discusión de estas y otras propuestas. Además, hay que pensar en reformas fiscales que eviten que se repita la crisis de deuda que nos llevó a donde estamos. Salir de la Junta de Supervisión Fiscal no puede ser la meta final, sino el paso necesario para unas reformas que son indispensables.

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sábado, 2 de marzo de 2019

Vetos secretos y antidemocráticos

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá critica a la Junta de Supervisión Fiscal por el veto secreto a 24 leyes de Puerto Rico

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