Aníbal Acevedo Vilá

Tribuna Invitada

Por Aníbal Acevedo Vilá
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Reformas estructurales y de procesos presupuestarios

En una columna anterior abundé sobre algunas de las reformas democráticas que son urgentes para reencausar el futuro de Puerto Rico.  La crisis que vivimos no la creó la Junta de Control Fiscal ni la ley Promesa: la crisis la agravaron Promesa y la Junta.  El día que logremos sacar a la Junta debemos estar listos para impulsar y poner en vigor unas reformas fiscales y presupuestarias que eviten que volvamos a caer en el hoyo donde estamos.  Aquí algunas sugerencias que complementen las reformas democráticas sobre las que he hablado antes: 

1. Las normas constitucionales sobre presupuestos balanceados y margen prestatario tienen que tener mecanismos que permitan ponerse en vigor.   Las normas sobre estos temas que contiene nuestra Constitución nunca se han podido poner en vigor de forma efectiva. Es necesario legislar mecanismos que le impidan al gobernador y a la legislatura aprobar y poner en vigor presupuestos deficitarios o exceder el tope del margen prestatario.  

2. Prohibir que se legisle sin identificar fuentes de financiamiento.  Una de las prácticas que nos llevó a esta crisis fue legislar para crear programas e iniciativas sin saber de dónde saldría el dinero para ponerlos en vigor.  Para mí, la más dramática fue la creación de la tarjeta de salud por el gobernador Pedro Rosselló, que nunca ha tenido financiamiento adecuado.  A la inversa pasa con alivios contributivos, que se legislan, sin ordenar los recortes presupuestarios correspondientes.  Esto tiene que prohibirse.  Se tienen que establecer normas que requieren que cualquier medida que aumente el gasto público o reduzca los ingresos, tiene que estar acompañada de un recorte específico en el gasto público o una medida que aumente los recaudos por una cantidad similar. 

3. Prohibir el financiamiento a largo plazo para cubrir gastos operacionales. Si el presupuesto tiene que estar balanceado, tomar prestado para gastos operacionales tiene que estar prohibido.

4. Limitar el crecimiento de la deuda pública al crecimiento del Producto Nacional Bruto.  Es un contrasentido que en momentos de decreciendo o de crecimientos económicos mínimos, se aumente el servicio a la deuda de forma desproporcional.  Se debe establecer una correlación entre cuánto puede crecer la deuda pública de año en año y el crecimiento de la economía.

5. Enmendar la disposición constitucional que exige el pago de la deuda por encima de los servicios esenciales.  La norma actual de prelación de pagos debe revisarse para establecer un balance entre el pago del servicio de la deuda y la continuación de los servicios esenciales.  La presente crisis nos evidenció que esta cláusula constitucional no hay forma de ponerla en vigor.

6. Revisar la estructura jurídica y financiera de las corporaciones públicas para limitar su capacidad de incurrir en deuda.  Muy poca gente sabe que la inmensa mayoría de la deuda pública que nos llevó a la quiebra se emitió, legalmente, pero sin autorización legislativa.  Esto es así, porque las corporaciones públicas actúan de forma independiente y no tienen un límite en su margen prestatario como el gobierno central.  Eso hay que revisarlo. 

7. Facilitar la revisión judicial para el fiel cumplimiento de las normas presupuestarias y fiscales.   Una de las mayores tragedias que nos ha traído la presente crisis, es que la jueza Laura Taylor Swain está interpretando nuestra Constitución sin que el Tribunal Supremo de Puerto Rico jamás haya interpretado las disposiciones relativas a presupuesto, margen prestatario y prelación de pagos.  En Puerto Rico es casi imposible llegar al tribunal para exigir que se respeten esas normas constitucionales.  Para prevenir la repetición de esta crisis, se deben revisar las normas para, con unas limitaciones adecuadas, facilitar la revisión judicial cuando se estén violando algunas de estas disposiciones.

La letra de nuestra constitución está llena de lagunas e imprecisiones que, acompañadas de la experiencia vivida y la intromisión de la Junta, hacen impostergable su revisión para prepararnos para la era post Promesa.

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