Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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Reforma tributaria y estatus

El desastre de María y la reforma tributaria federal evidencian el desgaste del modelo económico del Estado Libre Asociado y su incapacidad para lograr un crecimiento rápido y sostenido que conduzca a la convergencia con la economía nacional.

En el debate sobre enmiendas a los proyectos de reforma sobresale “tratar las “Controlled Foreign Corporation (CFC) en Puerto Rico como domésticas (igual que en los estados) pero con un trato preferencial por ser Puerto Rico un territorio no incorporado”. Los defensores de esa postura advierten que la reforma tributaria haría daño a la isla y que el gobierno puertorriqueño perdería $2,000 millones del 4% de las contribuciones que pagan las empresas multinacionales. Esto representa como 40% de la economía local.

El fin de la reforma federal era bajar de 32% a 20% las contribuciones federales sobre las ganancias generadas en Estados Unidos, incluyendo las empresas domésticas en la isla. El licenciado Andrés Córdova considera que la postura de la Asociación de Industriales sobre la reforma tributaria era un asunto “eminentemente económico”, para “evitar pagar contribuciones federales al momento de repatriar sus ganancias, manteniendo el estatus territorial-colonial”.

El gobernador Ricardo Rosselló y los líderes legislativos solicitaron al Congreso eximir a la isla de la reforma contributiva que impone un arbitrio de 20% aplicable a los productos manufacturados por las CFC y comprados por sus matrices en Estados Unidos; y de 12.5% sobre los activos intangibles usados por las CFC que operan en Puerto Rico, porque “no somos un estado con representación política y participación igualitaria en programas federales”. Jenniffer González propuso fijar una tasa contributiva federal de 5% para las CFC durante una transición de diez años, cuando serían consideradas domésticas.

Córdova enfatiza que la condición de territorio no incorporado, que niega trato constitucional uniforme a la isla, “se articuló para atender asuntos tarifarios y tributarios impuestos a productos de Puerto Rico que se exportaban al continente”.

También sostiene que la crisis fiscal y económica isleña se debe en gran medida a la “doctrina de no incorporación” que afecta la estabilidad y el crecimiento de la economía.

El economista Jaime Benson considera que el grupo Frente por Puerto Rico abogaba por enmendar la legislación para eximir a las CFC del arancel de 20% al exportar sus bienes al continente, y de los otros impuestos (10% sobre las ganancias, 12.5% sobre los intangibles y 14% sobre las ganancias obligatoriamente repatriadas), reconociendo explícitamente que no somos una jurisdicción foránea sino americana.

Para complicar más la situación, el Comité de Conferencia sacó a Puerto Rico de la reforma. Se descartó darle a isla una tasa permanente más baja para las CFC frente a otras jurisdicciones del exterior. También descartaron extender por cinco años el reembolso del arbitrio federal al ron importado. Se proponen atender los reclamos de la isla en otro proyecto.

Desde la postguerra, las ayudas federales alcanzaron cifras multimillonarias. Pero las limitaciones coloniales del ELA, un territorio no incorporado, impiden a la isla alcanzar el progreso económico de los estados.

El desastre ciclónico, la fuga poblacional, la pérdida de empleos, la crisis económica y la bancarrota fiscal pública obligan a nuestro pueblo a enfrentar una severa crisis existencial. La reforma tributaria evidencia que la incertidumbre sobre nuestro futuro político es un gran obstáculo para el desarrollo económico. El Congreso está obligado a implementar un plan de transición hacia la estadidad.

La reforma federal no debe obstaculizar que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico sean tratados como nuestros conciudadanos en los estados. El Congreso debe facilitar la integración de la isla a nuestra nación, y garantizar las mismas condiciones, poderes políticos y derechos para alcanzar verdadera igualdad y un desarrollo económico sostenible.

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