Víctor Rivera Hernández

Tribuna Invitada

Por Víctor Rivera Hernández
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Réquiem por un cálculo político erróneo

Lo que ha ocurrido en Puerto Rico, previo y posterior a la renuncia de Ricardo Rosselló, no tiene precedente. Sus consecuencias superarán lo inimaginable. El entonces gobernador nominó a su pasado adversario primarista para secretario de Estado, con el objetivo claro de que el nominado le sustituyera. Distintas teorías, incluso de corte constitucional han sido expuestas. Si en algo hay consistencia es en las inconsistencias del Derecho que debe aplicar en este asunto novel que reta a la inteligencia jurídica.

He expuesto que la única manera que el secretario de Estado nominado en receso estaba impedido de convertirse en gobernador era que las cámaras legislativas rechazaran de manera expresa su nombramiento, antes que se cumpliera el término de vigencia en su puesto del pasado gobernador. Ello no ocurrió. Por el contrario, la Cámara de Representantes avaló el nombramiento y el Senado no actuó. Ello hace académico que hoy, el Senado pueda pasar juicio sobre el nombramiento del secretario de Estado. Esa decisión, ese cálculo y esa acción, están a destiempo. El puesto de secretario de Estado está vacante. El Senado nunca estuvo convocado para pasar juicio sobre el nombramiento de un gobernador. Está impedido de hacerlo.

El pasado gobernador envió la nominación para secretario de Estado a la Asamblea Legislativa sin estar obligado a ello, por ser un nombramiento en receso. Esto constituyó un error, de los muchos que cometió aquel gobernador, no empece la acción de confirmación por un cuerpo legislativo y la no acción del otro cuerpo, ambas previo al momento en que advino final la renuncia del gobernador, subsanó ese error.

Conforme a lo expuesto y a un análisis ponderado de las fuentes de Derecho aplicable, entre ellas el Artículo IV, Sección 7 de la Constitución del ELA y a la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada; el puesto de gobernador le corresponde al secretario de Estado nominado, confirmado por la Cámara y no rechazado por el Senado, ello dentro del periodo que dichos cuerpos tenían para ejercer ese prerrogativa constitucional.

Hoy Puerto Rico tiene un gobernador debidamente juramentado. Hoy no hay jurisdicción, ni facultad, ni convocatoria válida para el Senado llevar a cabo un proceso de ratificación o de rechazo a quien ejerce el puesto de gobernador. Ese no es el puesto para el que se generó la convocatoria a una sesión extraordinaria por el pasado gobernador. Hoy la Rama Judicial recibe a un ente con legitimación activa, un recurso cuya decisión involucrará a las otras dos ramas de gobierno y con ello fortalecerá o debilitará nuestro estado de Derecho, y la estabilidad del país. Incluso, un planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley 7 de 24 de julio de 1952, podría borrar de un plumazo todo su contenido por esta no contar, inexplicablemente con una cláusula de separabilidad. El cálculo político, la sobreconfianza y el peligroso vértigo que produce la gula por el poder absoluto, pudieron más que la racionalidad política, constitucional y de Estado. Hoy, un cálculo político erróneo deja sin jurisdicción, sin facultad y sin convocatoria válida al Senado de Puerto Rico y se convierte en la causa principal para el comienzo de uno de los capítulos contemporáneos más interesantes en la vida política y constitucional del país. Esto, recién comienza.

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