Héctor M. Pérez Acosta

Punto de vista

Por Héctor M. Pérez Acosta
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Requisitos para que un policía pueda alegar legítima defensa

Se ha vuelto viral en las redes sociales un vídeo en el que se observa a un agente del orden público disparar a un enmascarado que intentaba perpetrar un robo  con un arma de fuego en una panadería en Vega Baja, el pasado 3 de julio.

Es difícil, si no imposible, llegar a conclusiones sobre la responsabilidad del agente con solo examinar el vídeo tal y como ha circulado. Es materia que requiere tiempo y mucho rigor, objetividad y disciplina en el examen de toda la prueba, incluyendo testigos, y otras pruebas periciales. Esto les compete a las autoridades investigadoras y adjudicativas.

Pero, sin pretender fijar  responsabilidades, es pertinente que repasemos el marco legal en que debió actuar el agente, por tratarse de  un asunto de alto interés público. 

La ley penal establece la legítima defensa como razón para eximir a un ciudadano -agente del orden público o no- de responsabilidad criminal cuando su conducta fue correcta o justificada a la luz de “la totalidad de las circunstancias” en que se desplegó la conducta. El criterio rector para este examen es uno que mira a la “razonabilidad” con la que reaccionó el agente, dadas tales circunstancias. 

La doctrina vigente establece que para que un acusado, o en este caso el agente, pueda plantear la legítima defensa como eximente de responsabilidad, este debe cumplir con cuatro requisitos: (1) que  se defendió a sí mismo o a un tercero de un ataque; (2) que  razonablemente creyó que estaba siendo inminentemente atacado; (3) que su reacción fue necesaria para repeler o evitar el daño y, (4) que existió proporción racional entre el daño causado para repeler la agresión y el daño con que amenazaba el agresor. 

En la Policía de Puerto Rico se requiere adiestrar a los agentes sobre esta materia y se les debe instruir periódicamente sobre los llamados protocolos o procedimientos a seguir ante tales circunstancias. 

Queda en manos de las autoridades investigadoras y adjudicativas determinar la proporcionalidad de la fuerza y la razonabilidad del medio que utilizó el agente para defenderse él, y defender a los parroquianos y empleados de la panadería contra el agresor. 

Pero lo que no podemos perder de perspectiva es que nuestro ordenamiento y nosotros estamos requiriendo de ese agente del orden público una reacción instantánea, llegar a conclusiones, emitir un juicio y actuar en cuestión de segundos. Debemos aprovechar la oportunidad para reflexionar y preguntarnos a qué otros funcionarios públicos se les exige ese nivel de desempeño profesional.

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