Roberto Alejandro

Desde la diáspora

Por Roberto Alejandro
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Residenciamiento: algunos hechos

Estos son algunos de los hechos ya en la esfera pública. 

El 25 de julio de 2019, Trump conversó vía telefónica con Volodymyr Zelensky, el recién electo presidente de Ucrania.  

El contenido de esa conversación perturbó tanto a oficiales cercanos a la presidencia que comunicaron a otro funcionario sus fuertes sospechas de que el presidente había incurrido en un acto criminal. Este funcionario, ahora el “whistleblower”, sometió al Inspector General de las agencias de inteligencia, Michael Atkinson, un informe sobre las alegaciones.

De acuerdo con la ley, toda comunicación de un whistleblower en el área de inteligencia nacional tiene que ser comunicada a los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado en un plazo de siete días. 

Atkinson clasifica las alegaciones como “credible and urgent”, las categorías legales que justifican la importancia de enviar el informe a los respectivos comités congresionales.  

El director de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, consulta con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, los dos centros de poder acusados en el informe. La Casa Blanca alega que el informe es un asunto de “privilegio ejecutivo” que no puede compartirse con nadie. El Departamento de Justicia argumenta que las alegaciones no están cubiertas por la ley que protege a los whistleblowers.

Dicho de otro modo: Trump y se séquito ordenan que la instrucción legal se violara y que la comunicación del whistleblower no se compartiera con los respectivos comités congresionales.

En su testimonio público en la vista del comité de inteligencia de la Cámara, Maguire expresa que nunca cuestionó la validez de las conclusiones del Inspector General. No explicó por qué, a pesar del mandato legal, decidió consultar con los imputados.

Al menos una versión general, pero muy incriminatoria contra Trump, es publicada por The Wall Street Journal, The Washington Post, y The New York Times.

Bajo el escrutinio periodístico, y el anuncio de Nancy Pelosi de que los demócratas iniciarían una investigación formal para un posible juicio de residencia, la Casa Blanca revela las notas de la conversación entre Trump y Zelensky.

Esas notas, récord oficial sin descartar las posibles omisiones, revelan lo siguiente:

Inmediatamente después del presidente Zelensky hablar sobre la urgencia de ayuda militar, Trump le solicita un “favor”.

El “favor” es que investigue a CrowdStrike, la firma de seguridad digital que examinó el jaqueo de las computadoras del Partido Demócrata en el 2016 y concluyó que las huellas rusas eran evidentes. Trump ha propalado la idea de que CrowdStrike, cuyo fundador es ucraniano, fue quien realmente entró en las interioridades digitales de los demócratas y luego culpó a los rusos. 

Un párrafo más tarde, Trump solicita una investigación del rol de Joe Biden en la renuncia del fiscal a cargo de investigar actos de corrupción en Ucrania. En la versión de Trump, ese fiscal estaba investigando una compañía en la que el hijo de Biden, Hunter Biden, era miembro de la junta de directores.  

En alegaciones ventiladas en la prensa, dicho fiscal era una rémora del regímen pro-ruso depuesto en la insurrección de 2014, y no había mostrado interés alguno en atacar la corrupción. 

A pesar de que Ucrania es un aliado de Estados Unidos, y que la asistencia militar de cerca de $400 millones ya había sido aprobada por el Congreso, Trump ordenó al Departamento de Estado y al Pentágono demorar esa entrega una semana antes de la conversación con Zelensky.  

También le informa a Zelensky que se comunique con Giuliani, su abogado privado y sin ninguna posición en el gobierno norteamericano, y con William Barr, el secretario de Justicia. 

En entrevistas previas, Giuliani ha dicho que, efectivamente, estuvo en Ucrania representando los intereses de su cliente, Donald Trump. En servicio a su cliente, también ha propalado la ficción de que Ucrania, y no el régimen putinesco, jaqueó las computadoras del Partido Demócrata en el 2016.

En votación unánime, el Senado, controlado por los republicanos, aprueba que el informe del whistleblower se envíe a los comités de inteligencia de Cámara y Senado.

La Cámara de Representantes endosa una resolución (421-0) con la misma petición.

Como alegación, y no como hechos, The Washington Post informa que Maguire, el director de Inteligencia, informo su intención de renunciar si la posición de la Casa Blanca era obstaculizar (“stonewall”) la investigación congresional sin ninguna determinación legal.

El informe oficial del whistleblower se “declasifica” y se da a la luz pública. 

En su testimonio congresional, Maguire afirma su creencia en la “buena fe” del whistleblower.

Trump dice que el whistleblower, una categoría protegida por legislación congresional, es un espía al que, en tiempos pasados, se le trataba “differently”, es decir, se le metía preso o ejecutaba.

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