José G. García López

Punto de vista

Por José G. García López
💬 0

Resolución urgente: resolver la escasez de vivienda asequible

Con el inicio de cada año, muchos trazan metas que alcanzar, tanto en el plano personal como el profesional. Una aspiración común suele ser asegurar el techo que tenemos o procurar uno propio, en especial, cuando se trata de una nueva familia.

Sin embargo, la falta de vivienda asequible para la población de ingresos bajos y moderados se ha convertido en un problema social de grandes dimensiones a nivel nacional en Estados Unidos y Puerto Rico

Se ha estimado que la escasez o brecha de oferta (supply gap) alcanzado alrededor de 7.2 millones de unidades para familias de bajos ingresos, según la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.  Esta situación corresponde a que en Estados Unidos existen 11.2 millones de hogares de inquilinos cuyo ingreso es extremadamente bajo (30% de la mediana), lo que representa el 9.5% de los hogares. Todo este cuadro se ha complicado aún más ante los grandes desafíos presupuestarios que ha tenido que enfrentar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal (HUD) en los pasados años.

En el caso de Puerto Rico, la situación resulta ser más severa por los altos niveles de pobreza (44%), la depresión económica y la quiebra fiscal. Además, los daños causados por los huracanes Irma y María, que destruyeron cerca de 70,000 viviendas, también han contribuido a que la escasez de viviendas asequible sea una de gran magnitud en la Isla. 

Datos de la Encuesta Americana de la Comunidad de Censo de Estados Unidos (EAC) indican que el 28% de los hogares en Puerto Rico tenían ingresos extremadamente bajos. Si tomamos los datos de la EAC por buenos, estimamos que en Puerto Rico existe una escasez de sobre 20,000 unidades de viviendas (supply gap) para familias de ingresos bajos y moderados (30%-80% de la mediana). Cabe indicar que antes de los huracanes Irma y María cerca de 8,000 familias estaban en listas de espera para el programa federal de renta, conocido como Sección 8.

Ante esta cruda realidad objetiva, la alternativa de política pública debe estar dirigida a estimular la oferta de vivienda para alquiler en Puerto Rico. 

Durante la pasada década (2010-17), la demanda total por alquiler en Puerto Rico aumentó en 13.8%, una tasa de 2% anual. Por tal razón, es necesario que de los $1,500 millones en fondos asignados por HUD a través del programa CDBG al gobierno de Puerto Rico, se tenga como prioridad complementar estos con los créditos contributivos (Low Income Housing Tax Créditos) que provee el Código de Rentas Internas federal (Sección 42) para financiar viviendas de alquiler a familias de bajos ingresos. 

Gracias a estos incentivos contributivos administrados por la Administración de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFVPR), hoy más de 20,000 de familias y envejecientes cuentan con una vivienda asequible y digna, pero a todas luces, no es suficiente.

Esperamos que el gobierno de Puerto Rico adopte como una resolución del 2020 reactivar estos programas y canalizar estos fondos para estimular la oferta de unidades de alquiler. De esa forma, podemos proveer una vivienda digna y segura a tantas familias que la necesitan. 

Además, siendo un año electoral, las plataformas de los partidos políticos deben contemplar iniciativas específicas y de vanguardia para atender este complejo problema social que nos aqueja.

¡Feliz año nuevo!

Otras columnas de José G. García López

martes, 18 de febrero de 2020

A correr la rueda con los fondos CBDG-DR

Es hora ya de poner a correr la rueda con la inversión de los fondos CBDG- DR, afirma el profesor de economía José G. García López

martes, 4 de febrero de 2020

Trabas federales a la vivienda asequible

La reglamentación federal ha incidido en la grave crisis de vivienda que hay en el país desde antes del huracán María y los recientes terremotos, dice José G. García López

domingo, 12 de enero de 2020

La obsolescencia de las viviendas en Puerto Rico

El gobierno, los desarrolladores, la academia y las comunidades deben actuar para renovar el inventario de viviendas en la isla, señala el economista José García López

💬Ver 0 comentarios