José R. Nadal Power

Tribuna Invitada

Por José R. Nadal Power
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Respetar la Constitución

No hay duda de que uno de los factores determinantes para propiciar desarrollo económico de cualquier país es la certeza del cumplimiento con la ley, la existencia del llamado “rule of law”. Mucho se ha hablado durante el último año sobre la importancia de que Puerto Rico honre la letra de su Constitución y la prioridad que la misma confiere al pago de la deuda en la sección 8 de su artículo VI, para crear un clima de confianza económica.  Se trata, sin duda, de demostrar que en Puerto Rico se respeta el “rule of law”.

Para asegurar la estabilidad fiscal, la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) también establece en la Sección 2 de su Artículo VI que el pago de la deuda pública nunca puede exceder el 15% de los ingresos anuales del erario. Esto es así para evitar el endeudamiento excesivo.  En otras palabras, resulta indispensable cumplir con el límite de 15% de la sección 2 para que el país esté en condiciones de honrar la prioridad establecida para el pago de la deuda en la Sección 8 de manera saludable fiscalmente.

Pero desde hace más de 20 años  varios gobiernos, y en específico el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se burlaron del límite constitucional del 15% mediante la creación de la llamada deuda “extraconstitucional”.  La deuda extraconstitucional consiste en líneas de crédito del BGF concedidas muchas veces sin fuentes de ingreso para pagarlas o que se financiaban mediante “notas” del BGF y otros instrumentos financieros que se pagan mediante impuestos, lo cual claramente terminaba siendo una violación al límite de 15%.

Según escribió en 2003 el Dr. Eliezer Curet Cuevas, ya para 1998 el servicio de la deuda extraconstitucional era de $475 millones, mientras que el servicio de la deuda constitucional era de $487 millones. Esto, en palabras de Curet Cuevas era “una segunda hipoteca” de la que muchos conocían pero sobre la que pocos hablaban. Así se pagó por los famosos aumentos en costos del Choliseo, Centro de Convenciones y el Tren Urbano, entre otros. A esto hay que añadir el aumento en un 20% de la deuda total entre 2009 y 2012 y otras malas prácticas.

Ahora en 2016 los puertorriqueños no podemos hacer frente a todas las obligaciones contraídas bajo los términos contractuales actuales. El límite de 15% fue burlado de tal manera, que en palabras de la actual presidenta del BGF, Melba Acosta, hoy Puerto Rico destina para el pago de deudas el 36% de lo que se recauda en impuestos.  Se violó esa sección de la Constitución en más de un 100%.  

Tras la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, la economía dejó de crecer y no se producen ingresos suficientes para pagar. Además, la propia Constitución establece en su Carta de Derechos unos derechos ciudadanos y obligaciones del Estado, como una educación gratuita, y la protección de la vida, la libertad y la propiedad (Artículo II, secciones 2 y  7). Esa es, precisamente, larazón de existir del Estado y nada puede ir por encima de eso, ni siquiera otra cláusula constitucional.

Se trata, sin duda, de cumplir con la Constitución. Nade niega que nuestra Carta Magna otorga prioridad al pago de una deuda, pero fue precisamente por infringirse durante décadas el límite del 15% de la sección 2 del Artículo VI, que hoy se complica poder cumplir a cabalidad con la prioridad de pagos de la Sección 8. El problema constitucional comenzó hace mucho tiempo, muchos de los que hoy se indignan y  exigen que se respete la Constitución se hacían de la vista larga cuando de incumplía con la misma desde hace más de 20 años. El ELA tiene la obligación constitucional de proveer estabilidad y servicios al país; nos compete a todos bajar el tono de ciertos discursos y buscar un balance de intereses colectivos. Se trata de cooperar y remar en la misma dirección por el bien de Puerto Rico. Aquí nacimos y nos quedaremos.

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