Leo Aldridge

Punto de Vista

Por Leo Aldridge
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Respiro al comercio y a las finanzas personales

Las medidas anunciadas hoy por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para paliar la devastación económica del Covid-19 son un paso positivo que le proveen un respiro al comercio y a las finanzas personales de cientos de miles de puertorriqueños que están consumidos por la ansiedad y la incertidumbre.

La Junta de Supervisión Fiscal era el principal escollo que podía existir al anunciar una movida de esta magnitud, que puede significar un gasto del Estado – quebrado y bajo Promesa – de hasta $1,000 millones. Pero esa preocupación se disipó ante el hecho de que tanto el presidente de la Junta, José Carrión III, y su directora ejecutiva, Natalie Jarseko, flanqueaban a la gobernadora durante su anuncio.

Las medidas económicas son abarcadoras. Para los 134,000 empleados públicos del gobierno central: la tranquilidad de que continuarán cobrando regularmente sin interrupción alguna. Para quienes trabajan por cuenta propia: un cheque de $500 y la suspensión, por tres meses, de la retención de 10% que le hacen a cada cheque por servicios profesionales. Para los empresarios: $1,500 si tuvieron que cerrar durante este período y no cualifican para otras ayudas federales. Para las enfermeras: hasta $4,000 en bonos por estar en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

Desde esta columna se recomendó, hace varias semanas, que se pospusiera el pago de la planilla. Y, aunque ya el gobierno había acogido esa idea, ahora aplazó aún más – hasta el 15 de julio – la radicación de planillas. (La planilla federal también es para la misma fecha).

Las moratorias por tres meses en los pagos de préstamos personales, carros, hipotecas y tarjetas de crédito serán fundamentales para mantener calma en cada casa, aunque, como ya sabemos por experiencia, bregar esto con la banca comercial no suele ser tarea fácil. 

Las medidas anunciadas por la gobernadora cobran aún mayor importancia en estos momentos en los que, a nivel federal, el tranque político en el Senado de Washington entre republicanos y demócratas ha retrasado significativamente los alivios económicos que barajeaba la Casa Blanca. En específico, los $1,200 en efectivo para cada ciudadano están en jaque ante el reclamo de los demócratas de que las medidas provean más beneficios para los trabajadores. Una vez se supere ese tranque, si es que se supera, el asunto pasará entonces a la Cámara federal controlada por los demócratas. El proceso puede tardar semanas o meses. 

Ya hemos aprendido, una y otra vez, que esperar por la respuesta federal es mala política pública, no es digno, y realmente no es la manera en que se supone que funcione el sistema federalista. Por eso las medidas económicas anunciadas hoy, trabajadas de antemano con la Junta de Supervisión Fiscal, suplen un vacío gigantesco y demuestran que el gobierno local puede trazar un rumbo sin sentarse como espectador a ver qué llega del norte.

Falta por atender, eso sí, a un grupo que, al parecer, no recibirá de inmediato ningún alivio ante esta crisis. Los empleados de la empresa privada, que en su mayoría dependen de la buena voluntad de sus patronos, no tienen nada concreto en este paquete de medidas. Es cierto que no es legal ordenarles a los patronos a pagarles a sus empleados por trabajos no realizados. Pero este grupo de trabajadores – que es una cantidad significativa – debe recibir atención del gobierno.

A nivel federal, el presidente Donald Trump propuso otorgarles préstamos a toda empresa que retenga el 90% de su fuerza laboral. Las medidas anunciadas hoy por la Gobernadora son en extremo positivas, pero podrían afinarse un poco para incentivar – nunca obligar – a que las empresas privadas retengan a la mayor cantidad posible de empleados.

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