Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Resurrección

¿Será posible que todavía haya quien dude de que una ley férrea, inflexible, casi policiaca, es lo que necesitan Cámara y Senado para evitar los gastos exagerados en que incurren?

Es que si el Gobernador pudiera intervenir y facultar a una entidad, como por ejemplo Hacienda, para que el despilfarro cese, pues uno tendría aunque fuera una remota esperanza de futuro. Con Rosselló o con el que venga luego. Pero el Gobernador —y me refiero a esa figura administrativa— no puede ni quiere meterse. Hay una intrincada madeja partidista donde unos se deben a otros y viceversa, y cada cual mantiene un caciquismo independiente, con las cabezas más visibles atrincheradas en el Capitolio.

A veces pienso que la situación es tan obvia, que tal vez el Congreso y la Junta de Control Fiscal, y en última instancia la magistrada del Tribunal de Quiebras, les están dando cordel, permitiendo que estos funcionarios malgasten, se crezcan, se confíen, hasta que llegue un día en que, de buenas a primeras, les impongan a rajatabla unos controles mucho más rígidos.

A lo mejor por ahí es que va la cosa.

Eso sin contar con que esa listita de contratos millonarios que publicaba este periódico el pasado jueves, y que evidencia que el Gobierno, en plena crisis, ha gastado como si el dinero le cayera del cielo, también a estas horas estará en manos de los acreedores, que no se van a quedar de brazos cruzados.

Si la deuda es impagable, como en efecto lo es, el gasto exagerado debería suprimirse por las mismas razones. El derroche también es impagable.

Es inmoral reclamar y solicitar dinero, o aducir que no se pueden pagar las deudas, cuando el gobierno y sus distintas ramas ni siquiera se molestan en demostrar que están ahorrando. Es que ni disimulan.

Como decía al principio, la disciplina fiscal no es tal si no hay rigor, y el rigor se genera desde una cadena de mando y fiscalización bien engrasada. La Junta no ha logrado establecerla.

El Gobernador ni abre la boca para imponer el orden, ni se enfrenta a las cofradías legislativas que lo ignoran. En los últimos tiempos, como excusa, se ha dicho que la labor de la Asamblea Legislativa es precisamente actuar como contrapeso de las decisiones que emanan del Ejecutivo. Puede que así sea, en lo que respecta al análisis de las leyes o a contrastar filosofías de gobierno. Pero no se supone que traicionen la confianza del País, y desafíen a los tribunales federales, gastando como desaforados y actuando con un desdén rayano en la soberbia, como si la única autoridad fuera la de ellos.

La Junta de Control Fiscal, por ley, debe autorizar los contratos que se otorguen a partir de los diez millones de dólares. Eso no sirve. Les basta a los astutos de las agencias públicas y la Legislatura con otorgar contratos de dos, tres, hasta de nueve millones, y ya saben que jugando con los números escapan del radar federal. Esa válvula está abierta, por lo tanto la austeridad y el ahorro son nulos.

Resulta obvio que el Congreso, la Junta o la jueza Taylor Swain, tendrían que modificar la disposición para que no se puedan otorgar contratos de más de $500,000, sin consultarlos, analizarlos y justificados. Y todavía con esa condición, a los del gobierno les alcanzaría para beneficiar a un puñado de amigos y a los contribuyentes del partido. Todavía con eso les quedaría margen para despilfarrar.

El mismo día que se daba a conocer el gasto extremo en contratos externos en la Legislatura, el superintendente del Capitolio anunciaba que se veía obligado a cesantear a 28 empleados de la división que dirige, por culpa del recorte impuesto por la Junta de Control Fiscal.

Eso no es cierto: el despido de los 28 es una consecuencia del mal manejo de los fondos asignados, que los jerarcas de la Legislatura han decidido repartir por otro lado: a compañías de seguridad (¿cómo se explica el gasto desenfrenado en “seguridad”?), a bufetes y asesores de todo pelaje, que ni se sabe bien para qué han sido buenos.

Nadie se opone a que en el Capitolio hagan “reestructuración administrativa”, como alega Jerón Muñiz, superintendente del lugar, al explicar el despido de los empleados. Pero convendría, seguramente, que la “reestructuración” comience allí donde “borbotean” los millones más gordos.

En un apartado llamado “Publicidad y Servicios Artísticos”, aparece el gasto de dos millones y medio de dólares que, en el curso de unos meses, se fueron por un hoyo incierto. Políticos quemados, perdidos en el espacio, son los flamantes “presidentes” de algunas de esas empresas que no dejan ningún beneficio real, y que reciben más de cien mil dólares por contrato.

El tremendo conflicto interior que tiene la gente que se opone a que un organismo externo controle las finanzas públicas, es que no tienen solución para el despilfarro y la trampa. No hay nadie ahora mismo con la capacidad política de controlar e imponerse, en ninguno de los partidos. En ninguno. Con el detalle adicional de que la Isla está quebrada y padece el mayor nivel de dependencia de su historia.

De lo contrario, díganme quién es el líder a la vista que promete un cambio radical, eliminando la mitad de la Legislatura, exigiendo rendición de cuentas, cancelando contratos como si desbrozara un monte, prometiendo desmantelar la Comisión Estatal de Elecciones, acabando con esa cultura de políticos asalariados y soberbios, y enderezando las estadísticas.

De hecho, es mentira que solo el 40 por ciento de la fuerza laboral de Puerto Rico esté trabajando, o buscando trabajo. Pero de eso hablaré en otro momento. Otro domingo. Probablemente el de Resurrección.

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