Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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Retos de la sostenibilidad de la deuda

El Plan de Ajuste de la deuda del gobierno central que propuso el viernes pasado la Junta de Supervisión Fiscal representa un cambio notable con respecto a los acuerdos que la propia Junta negoció para los bonos de Cofina, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Banco Gubernamental de Fomento.  En este caso, el recorte a la deuda—que incluye los bonos de obligación general, de la Autoridad de Edificios Públicos y del Plan de Retiro de los empleados gubernamentales—es mucho mayor que en los casos anteriores.

Visto de manera aislada—es decir, sin tomar en cuenta todo el resto de la deuda pública y la multiplicidad de presiones fiscales a las que se enfrenta el gobierno—el acuerdo es en sí mismo un buen producto.  La deuda afectada se reduce por alrededor de 60% y los pagos anuales de intereses y principal bajan de más de cuatro mil millones de dólares anuales a “sólo” 1,500 millones de dólares por año.

Sin embargo, visto en el conjunto de la problemática fiscal y financiera del sector público (digamos, poniendo el árbol dentro de su bosque), quedan dudas sobre si el acuerdo es sostenible o si impone una carga demasiado pesada para los años venideros.

Los 1,500 millones de dólares anuales de servicio de la deuda del gobierno central obligan alrededor de 10 por ciento de los ingresos normales de Hacienda.  Por sí solo, ese es un peso relativamente cómodo para sobrellevar.  Pero si sumamos los 2,000 millones de dólares anuales aproximados del pago de pensiones, ya tenemos comprometidos alrededor de 25 por ciento de los ingresos fiscales ordinarios.

A lo anterior hay que añadir el riesgo de que haya que dedicarle más fondos locales al seguro de salud del gobierno, si no se materializa una mayor aportación federal al programa de Medicaid destinado a la isla.  Y, a medida que seguimos sumando, hay que preguntarse cuánto quedará para los gastos esenciales que todavía el gobierno y la Junta no acaban de definir.

Para que este cuadro fiscal sea sostenible, el gobierno tendría que operar con una estricta disciplina de gasto, y prácticamente sin margen para enfrentar emergencias.  Aún con el plan de recortes ya previsto, incluyendo los recortes a la Universidad de Puerto Rico y  los municipios, el sobrante para deuda y pensiones luce delgado.

Otro requisito para la sostenibilidad fiscal es realizar una verdadera reforma contributiva que incluya cambios a los incentivos para las empresas y deje espacio para la eliminación gradual del arbitrio a las corporaciones foráneas, con el fin de despejar la incertidumbre y estabilizar los recaudos de Hacienda.  El informe reciente sobre el gasto tributario del gobierno dramatiza la necesidad de optimizar los incentivos para que cumplan mejor su función de estimular la economía con menos sacrificio de recaudos.

No hay duda de que la aprobación del plan de ajuste significará el fin del proceso judicial de quiebra de nuestro gobierno, pero queda mucho por hacer para tener un sistema fiscal equilibrado y que pueda cubrir los gastos públicos esenciales.  La protección del tribunal de quiebras que obtuvimos bajo la ley Promesa es una pieza importante, pero solamente una, del rompecabezas fiscal que tiene que armar el gobierno para salir de la crisis económica.  No estamos para cantar victoria.

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