Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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RHC: una cosa es servicio público y otra partidismo

Muchas personas creen que en 1985, cuando fui a trabajar como ayudante especial del gobernador Rafael Hernández Colón en el área de Administración de la Justicia y Protección al Ciudadano (Seguridad), yo era un afiliado a toda prueba del Partido Popular Democrático. No concebían que fuese de otro modo porque en esta ínsula barataria las cosas tienden a ser así: los rojos con los rojos, los azules con los azules y los verdes con los verdes. Lo demás causa mucha suspicacia y ansiedad entre quienes se apartan de ese esquema. 

La realidad es que en esa época yo no militaba en ningún partido político y mis viajes a las urnas electorales cada cuatro años no era para hacer una sola cruz, sino varias. Este hecho, que en cuanto al reclutamiento del personal de confianza hubiera sido un gran obstáculo para un político de hoy día, no lo fue para Rafael Hernández Colón, a quien vine a conocer personalmente en mi primer día de trabajo, y no antes. Para entonces yo llevaba siete años trabajando en el Poder Judicial y mi única credencial era mi buena reputación como servidor público.

Tan pronto empecé a trabajar para él descubrí uno de sus atributos idiosincrásicos, de admirable relieve: su clara visión de que una cosa era el servicio público y otra la política partidista. De hecho, mi contratación así lo demostró. Nuestras reuniones de “staff” de todos los lunes por la mañana eran para discutir los asuntos de gobierno, el funcionamiento y proyectos de las agencias que cada uno de nosotros —sus ayudantes— teníamos a nuestro cargo. Su empeño constante era que la administración pública estuviera siempre al servicio de la gente y no al revés. A veces, por ejemplo, en esas reuniones se nos entregaban “los papelitos” que durante sus actividades de fin de semana, de visitas a diferentes lugares, la gente le entregaba. Eran quejas sobre cosas que hacía o que no hacía el gobierno y que tanto les afectaban. Él nos encargaba que esos asuntos se contestaran, se resolvieran o, en todo caso, que se explicara por qué no podían resolverse a corto plazo. Ninguna queja ciudadana podía quedar desatendida.

En una ocasión, cuando hablaba con él sobre una solicitud de clemencia ejecutiva —asunto que estaba a mi cargo— y que era respaldada por un fundador del PPD, me dijo: “Quiero tu recomendación sin que importe ese hecho”. Y la denegó. El gobernador Hernández Colón siempre insistió en que los asuntos de gobierno debían resolverse en atención del bien común y no del interés partidista, lo que de vez en cuando —por qué negarlo— causó algunas fricciones con los que esperaban otra cosa.

Y con todo y que fue criticado por haber creado el Tribunal de Apelaciones en año electoral (1992) a sabiendas de que se retiraba como candidato, no debemos olvidar que nombró a cuatro jueces de ideologías distintas a la suya. Algo impensable de otros gobernadores que han hecho del gobierno y la política una y la misma cosa.

En ningún momento el gobernador Hernández Colón nos exigió a sus ayudantes que participáramos en mítines, caravanas o concentraciones del PPD. En mi caso, nunca lo hice. Si hacíamos nuestro trabajo y prestábamos un servicio público de excelencia teníamos garantizada su confianza y agradecimiento. Esa sensación de que éramos valorados por la calidad de nuestro desempeño y no por nuestro pensar ideológico y nuestros comportamientos partidistas, es algo que atesora mi recuerdo de mis tres años en La Fortaleza.

En fin, el gobernador Hernández Colón siempre tuvo claro que el servicio público, para ser de calidad, no puede ir de brazos de la política pequeña, la que discrimina contra los que no son del mismo partido que gobierna. Es una pena que no hayamos aprendido esta lección para mayor bienestar y felicidad de nuestro pueblo. La buena noticia es que aún estamos a tiempo.

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