Christian E. Cortés Feliciano

Tribuna Invitada

Por Christian E. Cortés Feliciano
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Ricardo Rosselló y las seis órdenes ejecutivas

A las 12:01 am de ayer lunes, 2 de enero de 2016, juramentó Ricardo Rosselló como el undécimo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre sus primeras acciones como gobernador se encuentran la firma de seis órdenes ejecutivas.  Es mi parecer que estas órdenes ejecutivas no contemplan nada que no se haya hecho en el pasado.

La primera orden ejecutiva, OE-2017-001, decreta un estado de emergencia fiscal y ordena a todas las agencias a tomar todas las medidas para reducir sus gastos operacionales, congela todos los puestos de carrera, transitorios e irregulares, prohíbe la creación de nuevos puestos y elimina el 20% de los puestos de confianza, ordena reducción de gastos en las agencias en un 10%, entre otros ajustes fiscales. Cabe destacar que esta orden ejecutiva es en extremo parecida a las órdenes ejecutivas OE-2009-001, del gobernador Luis Fortuño, y la OE-2013-002 y OE-2013-003, del gobernado Alejandro García Padilla, las cuales, en general, buscaban los mismos fines.

La segunda orden ejecutiva, la OE-2017-002, bajo la premisa de que se han dejado de recibir sobre mil millones de dólares de fondos federales, crea el Centro de Oportunidades Federales (COF) que estará adscrito a la Oficina del Gobernador. El COF asesorará al personal de los departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios, instrumentalidades públicas, así como a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, en relación con asuntos, gestiones y desarrollos de interés para Puerto Rico. Esta orden ejecutiva busca fortalecer la obtención, maximización y fiscalización del uso de fondos federales. Esta orden ejecutiva crea duplicidad ya que actualmente existe la Oficina de Fondos Federales, programa adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que tiene fines muy parecidos al COF.

La tercera orden ejecutiva, la OE-2017-003, declara un estado de emergencia en cuanto a la infraestructura de Puerto Rico y ordena la utilización de un proceso expedito de permisología al amparo de la Ley 76-2000 para el desarrollo de proyectos que fomenten una nueva o mejorada infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía y para el desarrollo económico de toda la isla. Por su parte la Ley 76-2000 define el término emergencia como “cualquier grave anormalidad como huracán, maremoto, terremoto, erupción volcánica, sequía, incendio, explosión o cualquier otra clase de catástrofe o cualquier grave perturbación del orden público o un ataque por fuerzas enemigas a través de sabotaje o mediante el uso de bombas, artillería o explosivos de cualquier género o por medios atómicos, radiológicos, químicos o bacteriológicos o por cualesquiera otros medios que use el enemigo, en cualquier parte del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que amerite se movilicen y se utilicen recursos humanos y económicos extraordinarios para remediar, evitar,  prevenir o disminuir la severidad o magnitud de los daños causados o que puedan causarse. De igual manera, el término emergencia comprende cualquier evento o graves problemas de deterioro en la infraestructura física de prestación de servicios esenciales al pueblo o, que ponga en riesgo la vida, la salud pública o seguridad de la población o de un ecosistema sensitivo”. Es mi parecer que el alcance de la orden ejecutiva es demasiado amplio. En primer lugar no define lo que es un “servicio esencial” y en segundo lugar está enfocada en proyectos de desarrollo económico no contemplados en el término “emergencia” de la Ley. Esta orden ejecutiva es bien significativa ya que la misma, al activar la Ley 76-2000, permite obviar el proceso normal de permisología.

La cuarta orden ejecutiva, la OE-2017-004, crea un grupo interagencial de proyectos críticos para la infraestructura, un efecto colateral de la OE-2017-003.

La quinta orden ejecutiva, la OE-2017-005, ordena la implementación del método de presupuesto base cero en la confección del presupuesto para el año 2017-2018. Considero que es imposible implementar dicho método en todo el gobierno antes del 25 de junio, momento en que culmina la sesión ordinaria. La metodología de presupuesto base cero conlleva una reingeniería de procesos que requiere documentación sobre los objetivos y servicios que ofrece de cada agencia, conlleva además análisis y rediseño de procesos, entrevistas a los empleados, determinar qué herramienta de reingeniería de procesos se va a utilizar (como por ejemplo lean engineering) en fin, implementar el proceso de presupuesto base cero es algo complejo que no se puede realizar simplemente intentando cuadrar números en una hoja de Excel.

Por último, la sexta orden ejecutiva, la OE-2017-006, implementa la política pública uniforme del Gobierno de Puerto Rico para garantizar igual paga por igual trabajo a la mujer. Sobre este particular solo es necesario señalar que la Ley 230-2015 promueve una política pública de igual pago por igual trabajo son discriminación de género.

En fin, las órdenes ejecutivas del Gobernador Ricardo Rosselló pueden estar bien intencionadas pero, o no representan la innovación esperada, o son, en algunos casos, copias de órdenes anteriores, o simplemente van a ser de difícil implementación como lo es el presupuesto en base cero en todo el aparato gubernamental. 

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