Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Rosselló quiere completar la debacle de su padre

Parece que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares quiere completar la debacle en el sistema de salud que inició en la década de los noventa su padre, el entonces gobernador Pedro Rosselló.

El proyecto de ley que propicia la venta de instituciones emblemáticas como el Centro Médico, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y el Centro Comprensivo de Cáncer, así como otros hospitales públicos, aprobado por el Senado sin vistas públicas y a la carrera, es secuela de la hoy quebrada reforma de salud de Rosselló padre.

Aunque el proyecto de marras no es de administración, sino de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, es imposible que un asunto tan delicado de política pública no contara con la aprobación previa del gobernador Rosselló Nevares.

Debemos recordar que durante la campaña electoral pasada, el entonces candidato penepé a la gobernación adelantó que promovería un referéndum dirigido a elevar a rango constitucional el derecho a la salud, que no era una propuesta nueva, ya que sectores de ese renglón, como el Colegio de Médicos Cirujanos, lo ha impulsado sin éxito.

Hasta los primeros años de la década del noventa, Puerto Rico disfrutaba del llamado sistema Arbona, ideado a mediados del siglo pasado por el entonces secretario de Salud, Guillermo Arbona, cuyo principal legado fue el establecimiento de los niveles primario, secundario y terciario de atención a la salud. La fama de este sistema, que daba acceso igualitario a los servicios de salud del estado a todos los ciudadanos, trascendió las fronteras de Puerto Rico y funcionarios de diversos países visitaron la Isla para aprender de sus beneficios.

Pero, al entonces gobernador Rosselló se le ocurrió vender las instalaciones de salud, incluyendo hospitales, a precios irrisorios que el fenecido político y comentarista Benny Frankie Cerezo describía como “precios de pescao abombao”.

La finalidad que perseguía Rosselló con estas ventas era la de allegar fondos para instaurar su tarjetita de salud, que creció hasta convertirse en un insaciable barril sin fondo cuyo mantenimiento conlleva un desembolso anual de $3,000 millones estatales y federales.

La llamada tarjetita de Rosselló, como se le conoció inicialmente, ahora es Mi Salud, o el Plan de Salud del Gobierno (PSG), dependiente de los cada vez más precarios fondos del programa federal Medicaid.

En vez de propulsar la venta de instalaciones emblemáticas de salud tan esenciales como el Centro Médico, el Gobierno debería dar paso a un seguro universal de salud como el que existe en la mayoría de los países de Europa y algunos del hemisferio americano como Canadá, Argentina y Chile.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la cobertura universal como un medio adecuado para promover el derecho humano fundamental a la salud.

Seguir vendiendo instalaciones públicas de salud va a encarecer aún más los servicios sanitarios a los ciudadanos, a la vez que a engrosar las arcas privadas de las aseguradoras.

Permítanme hacer referencia a estadísticas del médico experto en salud pública Ibrahím Pérez, que plantea que el costo gubernamental de la salud era de $1,000 millones en 1992, el último año de vigencia del sistema Arbona, y que ahora la reforma supera los $3,000 millones anuales, incluso tomando en cuenta la merma poblacional de casi medio millón de habitantes ocurrida en la última década.

Es momento de dejar a un lado los subterfugios y que el gobierno establezca claramente cuál es su política pública sobre salud y qué planes tiene para las instalaciones que aún quedan como entidades públicas.

La transparencia se demuestra andando, no con prédicas huecas.

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