Mayra Montero

Tribuna Invitada

Por Mayra Montero
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Rosselló y el informe al Congreso

Un fantasma recorre el Departamento de Hacienda. El fantasma de un síndico.

Van encajando las piezas una tras otra. Constantemente se generan cartas, documentos, declaraciones, y hasta pullas que tienen segundas lecturas más interesantes que la primera. Da la impresión de que una agenda invisible, no formulada ni discutida abiertamente por nadie, está cumpliéndose con la exactitud de un relojito suizo. 

Nada sin embargo, como el demoledor aldabonazo que ha dado hoy la Oficina del Contralor de los Estados Unidos (GAO).

El informe dirigido, con toda la solemnidad del mundo, a Lisa Murkowski, presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, y a Rob Bishop, que ocupa la misma posición en la Cámara, marcará un antes y un después en el tratamiento de la crisis fiscal y la bancarrota de Puerto Rico.

Hoy en día, al cabo de infinidad de encuentros y desencuentros, parece casi inevitable que la Junta de Control Fiscal tome posesión de la agencia que distribuye los dineros con que se maneja el aparato público, que es el Departamento de Hacienda. Más tarde o más temprano, es lo que se ve venir.

Hasta los alcaldes, con ese astuto olfato que los caracteriza, decidieron reunirse, el pasado fin de semana, con el presidente del ente federal, José Carrión, y “hablarle” de sus necesidades. Ya están tratando de negociar directamente, y eso es mal augurio para el Gobierno central. 

A primera hora de la tarde de hoy miércoles, se divulgaban las propuestas más importantes del informe de la GAO, entre ellas la de eliminar la triple exención contributiva a los bonos de Puerto Rico. Sin embargo, salteadas por aquí y por allá, había otras líneas fuertes, como la que alude a la tremenda falta de transparencia del Gobierno local; a las dificultades con los “fondos” que no se “canalizan” a través de Hacienda; o a la importancia de que las autoridades federales ejerzan la debida presión para que acaben de publicarse los informes financieros que el Gobierno —dos distintas administraciones— no entrega desde el 2015.

El gobernador Ricardo Rosselló debe de haber sabido que la reciente visita del congresista Bishop a la Isla, fue un acto de “deferencia” para informarlo de la publicación de este informe. Algo así como un “aviso a navegantes”, donde trató de advertirle personalmente de los hallazgos y sugerencias de la Contraloría federal. Rosselló declinó recibirlo.

Se jugó esa carta, qué duda cabe, y él sabrá lo que hace.

La pregunta que me viene a la mente es la siguiente: 

Una vez federalizado el Departamento de Hacienda, ¿cuál sería el futuro político y administrativo del Gobernador?

Tiene que estar preparado, o bien para gobernar desde y para la insustancialidad, anunciando pequeñas obras y expansiones, o bien para salvaguardar su futuro político y dejarlo en suspensión hasta dentro de cinco o seis años, cuando el país se haya encaminado un poco. Si se decidiera por esta última alternativa, tendría que apartarse ahora. Es la única manera de proteger su carrera y su destino político. Aun cuando no se nombrase un síndico para Hacienda, y el fantasma siguiera siendo solo un fantasma, su posición se volvería cada vez más frágil. Y en algún momento, incluso, directamente insostenible.

De hecho, la vida partidista (la que recoge los viejos modos y maneras, las tácticas y alianzas, y en muchos casos los trasnochados discursos de tantos políticos) tendría que pausar y, dentro de esa pausa, procurar reorganización, realineación, formulación de nuevas prioridades.

El informe de la GAO es una sacudida para nosotros aquí, y para ellos allá, y sería ilusorio pensar que las más de cincuenta páginas donde sueltan datos y advertencias como losas fúnebres, puede ignorarse a estas alturas.

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