Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Sabotaje a la Constitución

Cuando el Partido Popular perdió su primera elección general en 1968, el fundador del popularismo, Luis Muñoz Marín, pidió a la delegación de su partido en la Cámara de Representantes que, en su papel de minoría, actuara con tal sentido de responsabilidad que obligara a la mayoría a “intentar imitar a la minoría”. No le hicieron caso y, tanto desde el Senado, que quedó controlado por el PPD, y la Cámara, se desató una irresponsable y sin precedente obstrucción, un absoluto sabotaje, contra la administración Ferré. La minoría popular en ambas alas del Capitolio sigue en las mismas.

El domingo, usaron el pretexto de una errada interpretación de la constitución de gobierno interno para sabotear la política pública reiterada por el gobernador Ricardo Rosselló y los presidentes de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y del Senado, Thomas Rivera Schatz, de rechazo a la usurpación por la Junta de Control Fiscal de los poderes que la Constitución local concede exclusivamente a los funcionaros electos de Puerto Rico. Una Constitución que esos mismos líderes ventean como “hechura histórica de los puertorriqueños”, aunque el Congreso le haya mordisqueado una parte sustantiva de su Carta de Derechos y enmendado la plana en cuanto a los requisitos para enmendarla, dejando a Puerto Rico, atadito, bien atadito, a la cláusula federal que maneja los territorios. Lo menos que debía esperarse era que los panegíricos del “Estado Libre Asociado”, inexistente como estatus, salieran por los fueros de su “hechura” uniéndose al gobernador y los líderes legislativos en defensa de la Constitución. 

Vamos a explicarlo. En 1951-52 se dio en Puerto Rico –por la condescendencia del Congreso federal a uno de sus territorios– un proceso constitucional de gobierno interno que, como ha quedado patentizado por el Congreso, la Casa Blanca, las Naciones Unidas y el Tribunal Supremo federal, no fue un proceso de cambio de estatus. La redacción de la Constitución local, han dicho todas esas fuentes, “no alteró la situación territorial constitucional de Puerto Rico ni el poder del Congreso sobre la isla… La última fuente de poder soberano sigue siendo el gobierno de Estados Unidos”.  

Entonces, podría comprenderse, pero no justificarse, la frustración del liderato del PPD –el único partido que ha reducido las pensiones de los jubilados del gobierno en toda la historia de Puerto Rico–, ante el dato cierto de la marcha positiva de los pasados dos años y medio en el esfuerzo por rescatar la economía de Puerto Rico, sacándola de la doctrina del “me vale” para encumbrarla por el terreno de la responsabilidad fiscal, con énfasis en el fortalecimiento de los servicios esenciales al pueblo y la garantía de paz mental y el sustento de nuestros pensionados del servicio público.

El PPD ha rehusado salir por los fueros de la constitución de gobierno interno que, si bien no nos sacó del flagelo colonial prevaleciente, facultó alos funcionarios electos de Puerto Rico a descargar la responsabilidad constitucional que pretende arrebatarle la Junta de Control Fiscal, ahora con el aval del liderato popular, sucesor gemelo del de 1968. 


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