Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Sabotaje interno a la recuperación

Quiero comenzar esta reflexión proveyéndole al lector una dimensión cuantitativa del tamaño de la crisis que enfrentan la presenta y futura generación. La economía, contrario a la política, opera con números y fórmulas que proveen un nivel de concreción útil al momento de entender los problemas y tomar decisiones. 

Antes del huracán María, Puerto Rico había enfrentado tres poderosos “huracanes” que nos azotaron sin piedad, durante las pasadas dos décadas. El primero fue la eliminación de la Sección 936 por parte del Congreso federal, en 1996. Esto provocó la pérdida de 80,000 empleos bien remunerados en el sector industrial. Al no crear un modelo alterno, la isla entró en un estancamiento productivo sin precedentes en tiempos modernos. 

La pérdida de este poderoso beneficio contributivo aceleró el inicio del segundo “huracán”, que comenzó en 2006 con la gran depresión criolla, que se ha extendido hasta el presente. La economía se ha contraído en un 14% a raíz del proceso indefinido de contracción. 

En una década, se han perdido 200,000 empleos y se han marchado 500,000 personas a buscar mejor vida en los Estados Unidos. 

El tercer “huracán” fue la quiebra fiscal del gobierno de Puerto Rico, en 2016, y la imposición de una Junta Fiscal como mecanismo para evitar la implosión económica de la isla. Un año después, llegó el peor de todos los huracanes, “María’’. Todo lo descrito anterior parece el libreto de una película de horror, pero ahora viene la peor parte. 

De paso, no creo que muchos pueblos hayan resistido tanto, en tan poco tiempo, y mantenerse firmes en pie de lucha, lo que reafirma el carácter heroico y luchador del pueblo puertorriqueño. A pesar de que el pueblo está carente de verdaderos líderes y que su clase política lo ha abandonado, intenta abrirse paso en la adversidad. 

El costo de los cuatro huracanes:

Pero vamos ponerle cifras a la crisis. Hemos estimado que el colapso económico ha representado una pérdida de $60,000 millones en riqueza local, debido a la devaluación de las propiedades, la pérdida de cuatro bancos (acciones comunes y preferidas) y el colapso de los bonos del gobierno. 

La deuda pública ($70,000 millones), y la quiebra de los sistemas de pensiones ($50,000 millones), representan una cuenta a pagar de $120,000 millones por parte de nuestros hijos, nietos y bisnietos, gracias a la mala gestión pública. 

Por último, el impacto del huracán María se ha estimado en $80,000 millones.  Si sumamos las tres partidas, el costo agregado de la crisis que tiene Puerto Rico encima es de $260,000 millones. Esto equivale al doble del Producto Interno Bruto de la Isla que fue $105,000 millones en 2017. Bajo cualquier métrica, esto es un desafío monumental para cualquier sociedad o economía. 

Enfrentamos esta crisis con muy pocos mecanismo e instrumentos y, peor aún, sin el liderato político adecuado para compensar las limitaciones estructurales de los problemas. 

Instrumentos para lidiar con la crisis:

Objetivamente hablando, los instrumentos que nos ha enviado el Congreso para lidiar con la crisis son Promesa y una potencial inyección multimillonaria de dinero federal para financiar la reconstrucción. La ayuda federal para reconstruir a Puerto Rico, se estima en $80,000 millones durante diez años. 

El estatuto federal, con sus virtudes y defectos, provee un marco legal para reestructurar la deuda, y unas guías básicas para sanear las finanzas públicas. Si la clase política siguiera al pie de la letra lo que estipula Promesa, en seis años saldríamos de la crisis fiscal, y se pudieran ir creando las condiciones para retomar la ruta del crecimiento económico. 

Tres años después de la firma del estatuto, los políticos solo se han dedicado a desafiar a Promesa y a la Junta Fiscal, a demonizar sus gestiones y a buscar la manera de sabotear el proceso de saneamiento fiscal de la isla. O sea, los que nos quebraron ahora quieren hacer ver como los malos de la película a los enviados a resolver el problema financiero creado por ellos. 

Aferrados al populismo y la demagogia clásica, los dos partidos políticos principales llevan una especie de guerra suicida contra la Junta Fiscal, la misma que habilitó el Título 3 de Promesa para proteger al gobierno de los acreedores, en lo que se organizan las finanzas del país. 

El segundo sabotaje a la recuperación económica de la isla se manifiesta claramente en la confrontación irracional del gobernador y la alcaldesa de San Juan con el presidente Donald Trump por los fondos de recuperación. Los demócratas en el Congreso también capitalizan de esta crisis, para su propia agenta electoral de cara a 2020. 

En vez de estar peleando con Trump y de estar creando controversias estériles, con fines políticos, la promesa de millones en fondos federales para financiar la reconstrucción de la isla requiere una unidad de pueblo y un compromiso de parte de todo el liderato político y empresarial con el proceso.  

Así las cosas, nuestros políticos han abierto un peligroso abismo con las autoridades federales en un momento crucial para nuestra recuperación. 

La falta de confianza hacia los administradores locales provocará que el dinero federal para la reconstrucción sea administrado por una especie de síndico impuesto por la Casa Blanca. 

En fin, mientras Puerto Rico mira con escepticismo hacia un futuro impredecible, el sabotaje hacia nuestras posibilidades de recuperación, viene de adentro, de los mismos que escogimos y les delegamos el poder para que nos representaran y nos llevaran responsablemente hacia un puerto seguro.

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