Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Sacarle sangre al vegetal

El plan fiscal revisado del gobierno de Puerto Rico estará siendo considerado por la Junta de Supervisión esta semana, aunque el mismo probablemente no satisfaga el apetito voraz del organismo para encaminar una reforma estructural de gobierno que incluya austeridad y reducción de nómina. Las apuestas están inclinadas a que la Junta terminará imponiendo sus propios planes para el gobierno y las agencias, que podría terminar en otra lucha estéril sobre su poder frente al gobierno local electo.

Otro asunto crucial tiene que ver con la solicitud conjunta de PREPA y el gobierno para un préstamo urgente por unos $1,300 mil millones. Solicitud de crédito que ha sido objetada por los bonistas de PREPA y del gobierno local, y que será dilucidada ante la jueza Laura Taylor Swain el 15 de este mes en Nueva York.

Los bonistas han objetado al préstamo violentamente, por violarle sus garantías y prioridades, y porque alegan haber ofrecido préstamos anteriores a PREPA los cuales fueron ignorados.  Además, indican que PREPA no tendría necesidad de fondos, si las agencias del gobierno y los municipios pagaran sus cuentas de electricidad. A lo cual una de las partes contestó, que no se puede “sacar sangre a un vegetal” (you can’t squezze blood out of a turnip).

La Corte ya decidió permitir la intervención en la vista del grupo de bonistas “ad hoc” y también denegó la solicitud de la Junta para limitar el alcance de la evidencia a ser presentada.

No hay duda de que este tipo de financiamiento es permitido bajo PROMESA y que constituye una herramienta poderosa para afrontar la falta de liquidez que usualmente acompaña un caso de reorganización de deudas. Lo que sorprende aquí es la magnitud del crédito y que el préstamo lo ofrece el propio gobierno central, quien también ha sido radicado en quiebra bajo el título III de PROMESA y que alega tener problemas de liquidez. 

La Corte tendrá que decidir si el préstamo cumple con los requisitos de la sección 364 del código de bancarrota federal que requiere a PREPA probar que no pudo obtener ningún otro crédito y que los bonistas quedaran adecuadamente protegidos luego del préstamo.

Las dudas sobre la facilidad de crédito solicitado por PREPA se complican y entrelazan con el anuncio sobre la venta de los activos y operaciones de PREPA, hecho por el gobernador Ricardo Rosselló recientemente, negocio complicado y que debería requerir la aprobación del tribunal bajo un Plan de Ajuste de deudas a ser estructurado en el futuro.

Es difícil que la Corte apruebe un préstamo según solicitado por PREPA y el gobierno, pero de probarse la falta de liquidez de la agencia en la vista señalada y para evitar el total descalabro del sistema energético de la Isla, el tribunal podría permitir algún tipo de financiamiento como medida de emergencia.

De esto ser así, bajo la sección 364 citada el préstamo se debería estructurar a base de un plan de gastos y un presupuesto específico, dirigido exclusivamente a sufragar gastos de operaciones y por un periodo de tiempo reducido, pero con posible extensión. En una situación como ésta, un tribunal de quiebra podría aprobar un préstamo reducido y condicionado, aunque requiera una súper prioridad que afecte los derechos de otros acreedores.

Por supuesto, cualquier extensión de crédito post-petición debería ir dirigido a que PREPA pueda continuar sus operaciones, sin afectar el valor de sus activos y sin impedir que la agencia pueda ser reorganizada, subdividida o vendida dentro de un Plan de Ajuste a ser sometido al tribunal bajo el título III de PROMESA.

Tampoco debe impedirse que las partes puedan llegar a soluciones negociadas, hasta utilizando un mecanismo híbrido de título VI consensual de PROMESA combinado con el título III judicial.

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