Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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Se acerca el fin del primer capítulo de Promesa

La Junta de Supervisión Fiscal está próxima a presentar un plan de ajuste para el gobierno de Puerto Rico que podría ser el fin del primer acto en el drama de la Ley Promesa. Se trata de un plan para la renegociación de la deuda del gobierno central de la isla y la estabilización de las pensiones de los empleados gubernamentales.

Este plan, unido a la renegociación de los bonos Cofina, la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la propuesta ya aceptada por un gran número de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), significaría prácticamente concluir la reestructuración de la deuda pública, que es una de las tareas principales de la Junta de Supervisión Fiscal.

En un mensaje reciente a la Asociación de Contratistas Generales, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, describió el plan como uno que reducirá la deuda del gobierno central de $35 mil millones a $12,000 millones y aliviará la carga de $50,000 millones en obligaciones de pensiones públicas, con sólo una reducción moderada en las pensiones ya existentes.

Según Jaresko, el plan sacará a Puerto Rico de la quiebra, cumpliendo así la primera de las grandes tareas encomendadas a la Junta por el Congreso de Estados Unidos.

De modo que dentro de unas semanas es posible que ya se haya cumplido con la renegociación de la deuda pública, si la jueza Laura Taylor Swain aprueba el plan de ajuste del gobierno central, que pronto le será sometido, y el de la AEE, que ya tiene bajo su consideración. Sería, sin duda, un hito en el manejo de la crisis económica y financiera que vivimos desde hace más de una década.

¿Significa esto que se habrá resuelto el problema de la deuda? Lamentablemente, no. Lo que se habrá superado es el proceso legal de la quiebra, pero no tenemos ninguna garantía de que la deuda renegociada será lo suficientemente liviana como para que el gobierno la pueda sobrellevar por los próximos 30 o 40 años. El problema de la deuda, como problema económico, no judicial, probablemente persistirá.

Es cierto que en este último tramo del proceso de quiebra—la negociación de los bonos de obligación general del ELA—la Junta ha sido más dura con los bonistas que en los casos de Cofina, el BGF y la AEE, intentando imponer un recorte mucho más fuerte que en los arreglos anteriores. Sin embargo, en el conjunto de la deuda total quedamos todavía con una carga considerable, especialmente a la luz de los daños todavía no reparados que ocasionó el huracán María.

A dos años del huracán y tres años de la creación de la Junta, estamos a punto de pasar la página con una de las amenazas más temibles de la crisis: la de una quiebra desordenada y un litigio sin final previsible. Pero aún si diéramos por óptima la resolución judicial de la quiebra—que no parece serlo—quedan muchas amenazas por despejar.

Todavía queda por hacer la mayor parte del trabajo en la reconstrucción de los activos físicos, públicos y privados, destruidos por el huracán. Y en la AEE ya nos tienen anunciado un aumento fuerte y de largo plazo en las tarifas, sin haberse hecho gran cosa en el mejoramiento de la red eléctrica, para no hablar de la confianza de los consumidores.

Es bueno que veamos el fin de por lo menos un capítulo de Promesa, aunque nos quede todavía mucho camino por recorrer. Pero no estamos ni cerca del momento en que podamos cantar victoria. Parafraseando la famosa cita de Winston Churchill, diríamos que éste no es el principio del fin, sino apenas el fin del principio.

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