Eduardo A. Bhatia

Tribuna Invitada

Por Eduardo A. Bhatia
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Senado mata el rigor fiscal

El viernes, 30 de junio 2017, el Senado liderado por el Partido Nuevo Progresista mató el CLAFI. El Centro Legislativo de Análisis Fiscal e Innovación (CLAFI), creado mediante la Ley 147-2015 de mi autoría, tenía como fin crear una entidad de asesoramiento fiscal y económico especializado y profesional a la Asamblea Legislativa.

Cansados de las cifras fiscales exiguas o incorrectas que el Ejecutivo proveía a la Legislatura, los legisladores del Partido Popular Democrático concluimos que era indispensable contar con los datos necesarios, estimados y proyecciones fiscales reales para la aprobación de cualquier legislación que pudiese trastocar el Erario, particularmente el presupuesto. Por eso creamos el CLAFI.

En su ejercicio democrático responsable, el Senado y la Cámara de Representantes tienen que contar con una entidad de asesoramiento fiscal y presupuestario compuesta por profesionales economistas, en administración pública, planificación, contabilidad y análisis, que evalúen de forma ponderada y objetiva las proyecciones de crecimiento económico, los estimados de ingresos y recaudos, la justificación de peticiones de gastos de las entidades públicas y su uso de recursos. Sencillo: para dejar de cometer errores y tomar decisiones legislativas responsables, necesitábamos y necesitamos el CLAFI.

Por razones similares a esas, el Congreso de los Estados Unidos creó el “Congressional Budget Office” (CBO) en 1974 cuando el Congreso tuvo una agria disputa con el presidente Richard Nixon por descifrar a quién le competía constitucionalmente certificar las cifras para armar el presupuesto federal.

El objetivo era tener una unidad de expertos para depender menos del peritaje de la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) de los Estados Unidos. En otros estados de los Estados Unidos se han desarrollado entidades similares para que los legisladores asuman su responsabilidad con el pueblo y puedan precisar de forma certera y con estudios confiables los estimados de ingresos y las proyecciones de gastos de sus presupuestos.

Los legisladores estatales se han liberado de la sobre-dependencia de cifras que proveen las oficinas de presupuesto adscritas a los gobernadores y han desarrollado y avalado su propio cuerpo experto en finanzas públicas. Por ejemplo, en Alabama está el “Fiscal Legislative Office”; en Connecticut el “Office of Fiscal Analysis”; y en Luisiana el “Legislative Fiscal Office”. Todas estas entidades responden únicamente a las asambleas legislativas estatales.

Sin embargo, y sin emular ejemplos probados, el Senado PNP eliminó el CLAFI, sin explicación y a toda prisa. Esta decisión nefasta se suma a otras de esta Administración que representan un retroceso a las políticas de innovación y de desarrollo democrático que se impulsaron durante la pasada administración. Votar a favor del retroceso es irresponsable, insensato, imprudente, inaceptable e injustificable para el Puerto Rico de hoy.

El resultado no pudo haber sido más vergonzoso para la Asamblea Legislativa y para Puerto Rico: el proceso presupuestario para este año fiscal 2017-2018 se dio de forma turbia y secreta. Los datos presentados por la Administración Rosselló en más de una ocasión no eran completos ni estaban sustentados.

El proceso se caracterizó por la falta de transparencia e ineficiencia legislativa. Nunca pudieron enfrentar las cifras que presentaba la Junta de Supervisión Fiscal bajo PROMESA porque no había cifras alternas. El CLAFI es una herramienta indispensable en esta coyuntura fiscal.

Por la incapacidad legislativa para atender el presupuesto, el 30 de junio de 2017, la Junta impuso su propio presupuesto sin el aval legislativo por primera vez en más de 100 años. Ha quedado evidenciada, una vez más, la necesidad de que la Asamblea Legislativa tenga un ente que cumpla con la recopilación, el análisis, la validación y la diseminación de información fiscal actualizada. El CLAFI no era un proyecto creado en el vacío; por el contrario, fue constituido como escudo a las draconianas medidas fiscales que están siendo implementadas en Puerto Rico desde julio 1 de 2017. Que descanse en paz otra gran idea.

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