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Este proyecto constituye un gran paso de avance para que las personas que han cumplido su condena puedan conseguir un empleo, escribe Milagros S. Rivera Watterson

27 de junio de 2020 - 11:01 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.

Es ampliamente reconocido que en nuestro país existe un gran discrimen contra las personas que han sido convictas de algún delito. Así, una vez cumplen sus condenas les resulta muy difícil conseguir un empleo debido a que fueron convictos y al solicitar el Certificado de Antecedentes Penales, requerido por la mayoría de los empleadores, esto aparece allí. No cabe duda de que este documento se ha convertido en un medio para revictimizar al exconvicto y le está impidiendo su reinserción social. Además, representa una contradicción al valor de la rehabilitación plasmado en nuestro ordenamiento constitucional y lo hace inoperante, ya que el confinado, al cumplir  su condena, sale a la libre comunidad y no consigue empleo.

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