Milagros Rivera Watterson

Punto de vista

Por Milagros Rivera Watterson
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Señora gobernadora: incluya el PS 922 en la Extraordinaria

Es ampliamente reconocido que en nuestro país existe un gran discrimen contra las personas que han sido convictas de algún delito. Así, una vez cumplen sus condenas les resulta muy difícil conseguir un empleo debido a que fueron convictos y al solicitar el Certificado de Antecedentes Penales, requerido por la mayoría de los empleadores, esto aparece allí. No cabe duda de que este documento se ha convertido en un medio para revictimizar al exconvicto y le está impidiendo su reinserción social. Además, representa una contradicción al valor de la rehabilitación plasmado en nuestro ordenamiento constitucional y lo hace inoperante, ya que el confinado, al cumplir  su condena, sale a la libre comunidad y no consigue empleo.

Por décadas muchos grupos y personas han denunciado esta situación por considerarla una inequidad. Así, se ha tratado de que se apruebe legislación que prohíba el discrimen en el empleo por razón de haber sido convicto.

Convencido de esta inequidad, Juan Rolón Rivera, que es un exconvicto completamente rehabilitado, ha llevado a cabo una gran lucha para que se apruebe una ley antidiscrimen en el empleo. Así, inició el 10 de octubre del 2010 una caminata anual, desde Morovis hasta el Capitolio, denunciando este discrimen. Juan ha experimentado personalmente ese discrimen, ya que luego de cumplir su condena y adquirir un grado de bachillerato en trabajo social con gran esfuerzo, no pudo obtener su licencia de trabajo social debido a sus antecedentes penales. No fue hasta el 2017, muchos años después de haber finalizado sus estudios, que la misma le fue conferida. Como no conseguía trabajo en lo que estudió se ha estado desempeñando como guardia de seguridad.

Conocí a Juan hace unos dos años en unas vistas en el Senado del  P del S 922, presentado por los senadores Miguel Romero y José Vargas Vidot. Este proyecto estuvo en discusión, tanto en la Cámara como en el Senado, y fue aprobado. Fue enviado a la firma de la gobernadora Wanda Vázquez. 

El proyecto establece y dispone cuatro aspectos fundamentales: que ningún patrono puede hacer indagaciones acerca del historial delictivo de un solicitante de empleo hasta que le extienda una oferta de empleo condicional; prohíbe el discrimen en el empleo por haber sido convicto; reduce los términos para que continúe apareciendo el historial delictivo en el Certificado de Antecedentes Penales; y hace cambios en las bonificaciones. 

Consideramos que este proyecto constituye un gran paso de avance para que las personas que han cumplido su condena puedan hacer las gestiones y conseguir un empleo. Esto les ayudará no solo a ellos, sino que también contribuirá a disminuir la reincidencia.

Muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos le han ofrecido su apoyo a este proyecto, pero al llegar a La Fortaleza para la firma de la gobernadora, esta lo devolvió a la Legislatura con algunas recomendaciones que requerirían enmiendas. Debido a que el proyecto llegó a finales de la sesión no pudo ser atendido. 

Le solicitamos a la gobernadora que considere el P del S 922 para que sea incluido en la sesión extraordinaria que esta se propone solicitar. 

En usted, señora gobernadora, recae en estos momentos históricos hacer realidad que la gesta de Juan no sea en balde. En usted confiamos.

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