Rafael Cox Alomar

Punto de vista

Por Rafael Cox Alomar
💬 0

¿Será Puerto Rico el Estado 51?

Hoy, por primera vez en 25 años, se celebraron vistas públicas en el Congreso de los Estados Unidos sobre la petición de estadidad del Distrito de Columbia (véase el H.R. 51). Y ciertamente se revolvió el avispero. ¿Y por qué?

Porque, en primer lugar, quedó al descubierto el abultado catálogo de interrogantes que mina la viabilidad constitucional del proyecto estadista  que hoy encabeza la alcaldesa Muriel Bowser. Y porque quedó en evidencia que no hay cosa más perjudicial para un candidato a la estadidad que su frecuente reincidencia en escándalos de corrupción.

Ya en anticipación a su comparecencia de ayer, la alcaldesa Bowser había convocado a un pequeño grupo de personas, encabezadas por los exalcaldes Anthony Williams y Sharon Pratt, junto a varios exfuncionarios de las administraciones Clinton y Obama y profesores de derecho (incluyendo a quien suscribe) para afinar su mensaje ante el Congreso.  

Mi participación se ciñó a la evaluación de los aspectos estrictamente constitucionales que surgen de la petición de estadidad del Distrito. 

¿Podría el Congreso conforme los poderes que le confiere el Artículo IV Sección 3 de la Constitución abrirle las puertas de la Unión al Distrito de Columbia tal y como lo hizo con los 37 territorios que admitió luego de la independencia de las 13 colonias originales?

¿Violaría tal admisión el diseño constitucional esculpido por Alexander Hamilton, James Madison y demás gestores del experimento de Filadelfia quienes de forma explícita establecieron que la capital federal nunca podría habitar en un estado de la Unión? 

¿Cómo armonizar el mandato que fluye del Artículo I Sección 8 de la Constitución y del Federalista Núm. 43 (de la autoría de Madison) con la concesión de la estadidad al Distrito?

¿Podría el Congreso concederle la estadidad a la capital federal sin antes derogar la 23era. enmienda de la Constitución que le concede al Distrito tres votos en el Colegio Electoral para la elección del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos?

¿Podría el Congreso exigirle al Distrito de Columbia, como lo hizo en los casos de Ohio, Luisiana, Missouri, Minnesota, Nevada, Nebraska, Colorado, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Utah, Oklahoma, Arizona y Nuevo México, la convocatoria a una convención constituyente y la redacción de una constitución interna que sea sometida al escrutinio estricto del Congreso? 

¿Podría el Congreso exigirle al Distrito, como condición de entrada, 10 años más de presupuestos balanceados y calificaciones crediticias de Aa1?

¿Cómo reconciliar el hecho de que el Distrito recibe sobre $500 millones anuales en fondos federales para obra capital y que más del 70% de su infraestructura de salud está subsidiada con fondos federales con la doctrina constitucional que requiere que los estados accedan a la Unión en igualdad de condiciones (“equal footing doctrine”, véase Coyle v. Smith, 221 U.S. 559, 567 (1911))? 

Estas son algunas de las complejas interrogantes constitucionales que subyacen bajo la petición de estadidad de la capital federal; preguntas que a su vez dejan al descubierto el cruel engaño del cual ha sido víctima el pueblo de Puerto Rico por demasiados años. 

Si sobre el Distrito de Columbia se yerguen hoy escollos casi infranqueables para acceder a la estadidad, aun cuando  cuenta con presupuestos balanceados, acceso a los mercados, 700 mil contribuyentes federales, voto presidencial, el favor del 86% del electorado y el respaldo de la mayoría de la Cámara federal, que será de Puerto Rico enredado en la quiebra, la deuda y la corrupción. 

Y si no me cree, pregúntese: ¿por qué Jenniffer González no se ha atrevido a volver a radicar su abortado proyecto de estadidad (H.R. 260) en este Congreso? ¿Por qué el proyecto de estadidad (H.R. 1965) de Darren Soto lleva seis meses cogiendo polvo en el escritorio de Raúl Grijalva?               

Porque tal como al ELA territorial se le acabó el camino, a la estadidad hace rato se le acabó la gasolina. 

Corresponde ahora surcar nuevos rumbos.

Otras columnas de Rafael Cox Alomar

jueves, 23 de abril de 2020

¿Gobernadora o dictadora?

Rafael Cox Alomar apunta que la pretensión de la gobernadora, de decretar inmunidad mediante orden ejecutiva, no se sostiene y debe ser revocada por violentar la Constitución y subvertir el estado de Derecho

lunes, 20 de abril de 2020

¿Qué dijo el Supremo federal sobre los jurados?

El licenciado Rafael Cox Alomar comenta la decisión de que ningún acusado de delito grave será declarado culpable a menos que el jurado rinda su veredicto por unanimidad, según determinación del Tribunal Supremo Federal

viernes, 17 de abril de 2020

La Constitución en manos de Trump

Rafael Cox Alomar explica las limitaciones del intento del presidente de obligar a los estados a reabrir la economía por encima de las medidas contra el coronavirus

domingo, 12 de abril de 2020

Boston volvió a hablar

El Tribunal de Apelaciones de Boston ha resuelto que la excusa histórica del Congreso para excluir a Puerto Rico del Seguro Social Suplementario es arbitraria e irracional y no se sostiene, escribe Rafael Cox Alomar

💬Ver 0 comentarios