Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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Se requiere agente fiscalizador

Puerto Rico carecía de una estructura gubernamental legal independiente con responsabilidad para fiscalizar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas y la deuda pública. Tampoco ejerció autoridad para exigir planes fiscales y auditorías certificadas para evitar que se repitan los errores del pasado.

Ni la Legislatura ni el Ejecutivo cumplieron con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar las finanzas del gobierno. El Congreso tuvo que aprobar la Ley PROMESA y crear la Junta de Supervisión Fiscal para identificar las causas de la debacle y tomará acción correctiva.

Eric Álvarez, analista político, postula que la crisis económica es producto del carácter colonial del Estado Libre Asociado e indica que el gobierno se convirtió en el mayor patrono y generador de actividad económica y utiliza la deuda pública para hacer pagos de nómina y refinanciamiento.

En 2001, las agencias crediticias comenzaron a emitir clasificaciones negativas y advertencias sobre la capacidad prestataria del gobierno. Alvarez afirma que el gobernador Acevedo Vilá fue responsable del “turning point” de la economía al mantener un alto presupuesto y producir un cierre gubernamental.

Cuando Luis Fortuño fue electo, la economía estaba inmersa en una de las peores crisis económicas de nuestra historia, con un gobierno en quiebra, un déficit operacional de $3,300 millones y sin liquidez para pagar la nómina pública. Las medidas tomadas por su administración (2009-2012) redujeron los gastos, estabilizaron las finanzas del gobierno y evitaron que el crédito de la isla fuera degradado.

Aun así, el Partido Popular atacó el plan de Fortuño y desarrolló una campaña populista basada en promesas falsas. García Padilla fue electo gobernador y rechazó la política fiscal de Fortuño. Como resultado, dejó un déficit de $7,600 millones y un gobierno en quiebra. García Padilla sembró desconfianza en el mercado de bonos, por primera vez no pagó la deuda constitucional, paralizó el desarrollo económico y provocó un éxodo poblacional masivo.

La Legislatura no cumplió con su responsabilidad de fiscalizar y supervisar los gastos del gobierno, las corporaciones públicas ni la deuda pública, provocando que el Congreso aprobara la Ley PROMESA y se creara la Junta de Supervisión Fiscal para fiscalizar los gastos del gobierno y con autoridad para exigir planes fiscales de largo plazo.

En 2016 el pueblo eligió un gobierno que sacara a Puerto Rico de la crisis fiscal, que trabajara con un presupuesto balanceado, redujera la deuda pública, promoviera el desarrollo económico y prestara los servicios esenciales al pueblo.

La administración de Ricardo Rosselló enfrentó una deuda de $74,000 millones y otras, que aumentaron el total a unos $130,000 millones. El gobierno no tenía suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo, proveer los servicios básicos ni invertir en proyectos de infraestructura.

Enfrentó una crisis en el gobierno central, las corporaciones públicas, los fondos de retiro y deudas sin pagar. La Autoridad de Energía Eléctrica estaba en crisis. Acueductos y Alcantarillados no radicó un plan fiscal, tenía una deuda de $150 millones con contratistas y no pagaron los préstamos federales.

La nueva administración se vio obligada a implementar medidas de ahorro en gastos operacionales. Rosselló sometió un nuevo plan fiscal de 10 años, se reunió con el Tesoro Federal, los bonistas y las casas acreditadoras para discutir los términos y la restructuración (negociación) de la deuda. También redujo el presupuesto del 2017-2018 a $8,183 millones y asignó $1,400 millones para pagar las pensiones, ya que se agotaron los fondos y activos del sistema de Retiro.

Aún así las acciones gubernamentales no serán suficientes para rescatar la economía mientras continúe sometida a un modelo político económico que le niega igualdad de oportunidades, crecimiento económico y las mismas garantías que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados. Le corresponde al movimiento estadista continuar luchando por un estatus digno y permanente que nos brinde las herramientas y el poder político para lograr un desarrollo económico sostenible.

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