Esther Vicente

Punto de vista

Por Esther Vicente
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Sexualidad y reproducción en tiempos de crisis

¿Cómo se afectan la sexualidad y la reproducción en tiempo de pandemia? Los estudios realizados sobre el impacto de la pandemia del ébola 2014-2016 han revelado que la salud sexual, la salud reproductiva y los derechos relacionados a estas reciben un impacto negativo muy particular. Y son las mujeres quienes más se afectan.  

Los servicios sanitarios confrontan grandes retos, como ejemplifican las experiencias de la Ciudad de Nueva York, Italia y España. Los hospitales, los centros y programas de servicios de salud sexual y reproductiva, y las oficinas de los médicos cierran o desvían sus recursos para atender la pandemia. Los hospitales convierten las salas de maternidad en espacios para atender los pacientes afectados por el virus.

El acceso a los métodos anticonceptivos y a los servicios ginecológicos para atender a las mujeres embarazadas se ve restringido por los cierres decretados por los gobiernos. Las salas de maternidad, de cuidado intensivo y cirugía se tienden a abarrotar de pacientes en condiciones críticas causadas por la pandemia. 

El ejercicio saludable de la sexualidad y la reproducción se ven afectados por la violencia de género, la pérdida de empleo, la falta de acceso a los anticonceptivos, la limitación de recursos creada por el encerramiento que, aunque necesario para evitar los contagios, implica muchas pérdidas para las personas que dependen de sus ingresos diarios para cubrir sus necesidades básicas. 

Todas estas condiciones pueden generar embarazos no deseados y no planificados. El acceso a servicios de terminación de embarazo legales, seguros y accesibles adquiere una importancia mayor durante las crisis sociales, económicas, políticas y personales que generan las pandemias y los desastres naturales o creados por la gente. 

Corresponde a las autoridades tomar medidas para prevenir que la respuesta al COVID-19 restrinja aún más los derechos y la salud de las mujeres. Deben prevenir o intervenir adecuadamente con la violencia de género en todas sus manifestaciones y evitar un aumento en la mortalidad materna.

Y, ¿cuál ha sido la respuesta de quienes insisten en controlar las decisiones de las mujeres y descartan los derechos, las vidas y la salud de la mitad de la población?  Nada menos que intentar prohibir el acceso al servicio de salud y al derecho reproductivo de las mujeres a terminar un embarazo mediante un aborto legal y seguro. En unos pocos de los estados más conservadores, machistas y recalcitrantes de Estados Unidos han tratado de restringir aún más los derechos de las mujeres, decretando que los servicios de aborto no son servicios de salud esenciales, por lo que deben suspenderse durante la pandemia. Se pone en riesgo así la vida y la salud de las mujeres para adelantar agendas ultra-conservadoras y fundamentalistas, justificándolas con fundamentos falaces sobre la necesidad de ahorrar recursos. 

La terminación de un embarazo no deseado es un servicio de salud esencial que debe obtenerse durante etapas tempranas del embarazo para evitar complicaciones y en muchas jurisdicciones para cumplir con las limitaciones impuestas por los mismos políticos conservadores que han restringido los periodos durante los que puede realizarse.  Gracias al activismo de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos de las mujeres se han logrado detener las órdenes de algunos de estos estados fundamentalistas. 

Los tribunales han determinado que la autoridad del Estado para atender situaciones de emergencias salubristas no puede ejercerse de forma arbitraria, irrazonable y discriminatoria. Toda acción estatal para atender el COVID-19 debe fundamentarse en las necesidades de salud pública reales y diseñarse para atenderlas de forma específica. 

Aquí en Puerto Rico, la doctrina constitucional que nos cobija reconoce el derecho al aborto como un derecho fundamental con el que solo ha de intervenir el Estado para proteger la vida o la salud de la mujer embarazada. Las reglas adoptadas por esos estados recalcitrantes no tienen cabida en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos y de las vidas de las mujeres.


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