Emilio Nieves Torres

Tribuna invitada

Por Emilio Nieves Torres
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Sin autonomía escolar no hay descentralización

La descentralización del Departamento de Educación ha sido tema de discusión pública por más de 20 años. En cada cuatrienio surgen diversas propuestas de descentralización enfocadas exclusivamente en cómo organizar las estructuras administrativas.

La centralización de una agencia implica la concentración del poder decisional en una estructura. Por lo tanto, descentralizar implica compartir el poder. Los que tienen el poder en el Departamento de Educación son los que le temen a la descentralización y se resisten a que ese poder llegue a las escuelas. Solo están dispuestos a ceder el poder si privatizan la escuela para que la responsabilidad sea de la empresa y no del gobierno.

El anterior secretario de Educación proponía la eliminación de las regiones educativas. La actual secretaria propone eliminar los distritos escolares. Los que defienden esta modalidad establecen que las regiones están más cerca de las escuelas. Parecen negar que el distrito escolar es la estructura administrativa más cerca de las escuelas. De hecho, antes del 2009 existían 84 distritos escolares que luego se consolidaron en 28. Lo que verdaderamente ha ocurrido es que las estructuras administrativas se han alejado cada vez más de las escuelas.

Desde el año 1999 la Ley 149 contiene los principios básicos para descentralizar el Departamento de Educación. El artículo 1.02 indica que se “le confiere autonomía a las escuelas para que desempeñen su importante función sin riesgo de extraviar sus propósitos cuando sobrevengan cambios en la dirección del Departamento.” Es decir, la autonomía escolar es la herramienta fundamental para superar la burocracia y la politización en el Departamento de Educación.

Además, dicha ley establece que la razón de ser de los distritos escolares y las regiones educativas es facilitar y apoyar la autonomía de cada escuela. Ambas estructuras existen para “agilizar y descentralizar la operación del Departamento” (artículo 7.05). Lo que ha ocurrido es que las estructuras administrativas se han resistido a implantar estos principios.  Se resisten a perder el control administrativo y fiscal. Tener 7 u 8 directores regionales con poder político y fiscal abre la puerta a la dictadura escolar que sustituye a la autonomía escolar.

El valor de la autonomía escolar se constata con el proceso de recuperación luego del huracán María, en la cual las escuelas tomaron diversas iniciativas para reiniciar las clases. Cientos de escuelas que estaban listas para reiniciar clases tuvieron que esperar por el proceso burocrático de recibir documentos, someter certificaciones y esperar la autorización de la Secretaria, vía región educativa y distrito escolar. Este proceso tardó entre dos y cuatro semanas. La lección que se resisten a aceptar es que, si se respeta y apoya la autonomía de cada comunidad escolar, se hubiese acelerado significativamente el reinicio de clases.

La propuesta centralización en las regiones educativas va a requerir de una amplia discusión y análisis de todos los sectores de la comunidad escolar. Es el momento de exigir que la autonomía se transfiera a las escuelas, no a las regiones educativas. Si la descentralización del Departamento de Educación no va acompañada de la autonomía escolar (administrativa, fiscal y docente) se convertirá en otra iniciativa fracasada.

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