Mayra Montero

Antes que llegue el lunes

Por Mayra Montero
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Sindicalismo de bolsillo

La avalancha de eventos que tuvo lugar la semana pasada, como preámbulo a las decisiones que se tomarán en los próximos días, sepultó, en cierta forma, la noticia de una mesa redonda celebrada en Washington, en torno a un informe titulado “Impacto de la Ley federal Jones en Puerto Rico”.

La mesa redonda, convocada por el subcomité de Guardia Costera y Transportación Marítima del Congreso, exaltó los beneficios de las leyes de cabotaje, establecidas precisamente por virtud de la Ley Jones.

Ya sabemos que esas normas federales exigen que todo acarreo marítimo de mercancías entre puertos de los Estados Unidos, se realice en buques fabricados dentro de sus fronteras, con propietario y bandera estadounidenses. Muchos consideran, con razón, que esas normas penalizan a Puerto Rico más que a cualquier otro lugar del mundo, pues la isla depende del transporte marítimo para sobrevivir, y el grueso de las mercancías proviene de Estados Unidos.

Bueno es recordar que ni a las Islas Vírgenes, ni a Guam, ni a las Islas Marianas, les aplican tales regulaciones. Es un trato “especial” que se le da a Puerto Rico, cuyas circunstancias son fabulosas para las finanzas de la Marina Mercante americana: aquí se importa el 85 por ciento de todo lo que se consume. Estamos intensamente atados a lo que llega por mar. Y más atados todavía cuando no tenemos posibilidad de traer ni siquiera galletas en un balandro canadiense.

Hace unos cinco años, la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO), admitió que las leyes de cabotaje existían para favorecer a un sector específico: esa Marina Mercante que no suelta prenda. Así, tranquilamente, lo reconocieron. En Puerto Rico hubo el clásico, ligero clamor; una protesta por aquí, un escarceo por allá. Nada con resultados que ameriten contarse.

En los tiempos del excomisionado Pedro Pierluisi, se sometió un proyecto para eximir a la isla de la reglamentación, al menos en lo tocante a productos agrícolas, carga a granel y petróleo. Por supuesto, el proyecto fue engavetado por ese mismo subcomité congresional que la semana pasada celebró la mesa redonda, y cuyo presidente es el republicano Duncan Hunter.

Hubo otro proyecto que fue presentado hace como tres años por el senador John McCain, y que corrió la misma suerte: murió en una de las gavetas del escritorio del honorable Hunter.

Tras el paso del huracán María, se eximió temporalmente a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, y se dice que en ese lapso atracaron en nuestros muelles barcos, con bandera de otros países, que trajeron la mercancía a un costo mucho más razonable.

Se trata de uno de los reclamos constantes de casi todos los sectores del país, con independencia de su ideología. Un reclamo también de los medios de comunicación. De los industriales y comerciantes. De las instituciones sociales y educativas. De políticos pasivos o exaltados. Lo de la eliminación de las leyes de cabotaje ha estado presente en las bases programáticas de todos los partidos.

Hay una sola excepción, sin embargo. La de los sindicatos locales que son filiales de sindicatos estadounidenses. Gente que podría organizarse contra esas medidas, realizar paros en los muelles, llevar la voz cantante. Pero no.

La nota publicada por este diario el pasado jueves, y que recogió los comentarios que surgieron en la mesa redonda celebrada en Washington, da cuenta de la intervención de un sindicalista llamado Augustin “Augie” Téllez, vicepresidente de la Seafarers International Union, adscrita a la central sindical AFL-CIO, en la que afirmó que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico es el que perjudica al consumidor, y no las leyes de cabotaje.

En el parte de prensa se dice que el tal “Augie” Téllez declaró que en lugar de estar reclamándole al presidente de la compañía naviera, los detractores de las leyes de cabotaje “debían reclamar al Departamento de Hacienda”.

Importante es subrayar que en octubre de 2017, cuando aquí estábamos sumidos en la oscuridad y la incertidumbre, esa misma central sindical, la AFL-CIO, envió una carta al Senado de los Estados Unidos diciéndole que el Acta Jones “in no way impeded Puerto Rico’s recovery”. ¿Alguien copió esa carta en las redes sociales? No, porque no había luz ni internet. ¿Y después?… después no convenía.

Toda esa gente, políticos o analistas, que vierte en las redes sociales recomendaciones para la recuperación del país, la primera de las cuales es eliminar las leyes de cabotaje, deberían consignar la contradicción que existe entre la cúpula de las uniones obreras, y su postura respecto a las normas federales de transportación marítima.

Los sindicatos del país tienen sobre la mesa esa misma pregunta: ¿se atreven o no se atreven a suscribir una directriz activa contra el Acta Jones?

Cuando se habla de soberanía y descolonización, el tema de las organizaciones sindicales de Puerto Rico, comprometidas con los más rancios intereses estadounidenses, que son los de los poderosos sindicatos de la metrópoli, no se mencionan. Como si no existieran. Y resulta que eso también exige definición, ¿o es que la definición es para un solo lado?

El exabrupto del sindicalista Téllez, pidiendo que aquellos que se oponen a las leyes de cabotaje, en lugar de pelear contra las compañías navieras, peleen contra el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, me dejó de una pieza. Fue una de esas compañías navieras la que financió el estudio que se discutió en la mesa redonda, realizado por un economista de apellido Reeve, con la colaboración de la firma local Estudios Técnicos.

Por lo demás, el congresista Hunter concluyó que las leyes de cabotaje son un asunto de seguridad nacional.

Sí. Claro. Ahora exprésense los patriotas.

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