Aníbal Acevedo Vilá

Tribuna Invitada

Por Aníbal Acevedo Vilá
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Sin la soga y sin la cabra

Todos saben de mi férrea oposición a la Junta de Control Fiscal desde su concepción, algo que no ha variado. Por el contrario, a solo semanas de que la ley PROMESA entre en vigor, mis preocupaciones hoy son mayores y después de leer al juez Torruellas llamando a la resistencia civil contra ella, aún más.

Aunque en un principio la mayoría de la población y del liderato político se oponía a PROMESA, luego de su aprobación ha prevalecido una actitud de complacencia y aceptación, que no es otra cosa que la triste realidad del colonizado. La junta ni siquiera se ha reunido y ya las primeras señales son claras: ni son unos santos que vienen a darle lecciones a los políticos del patio, ni vienen a resolver nuestros problemas. Hay tres desarrollos importantes que nos señalan que la lucha por nuestro futuro apenas comienza.

(1) Es una junta politizada: los nombrados cayeron como un balde de agua fría, incluso para los que pregonan sus virtudes. Salvo un par de excepciones, la junta no tiene grandes estrellas y los nombramientos reflejan dos cosas: una alta politización partidista e ideológica y, el carácter colonial del proceso entero. El nombramiento del presidente del BGF bajo Fortuño, Carlos García, arquitecto de la Ley 7 y propulsor de muchos de los financiamientos que ahora le toca a la junta evaluar, dejó con la boca abierta a muchos y plantea serios conflictos de interés. Igual con el vendedor de seguros José Carrión III, cuyo único calificador es ser un donante importante del PNP y del Partido Republicano de Estados Unidos. Eso, sumado a las tendencias ultra conservadoras de otros de los nominados, demuestran su politización.

La ley no proveyó a los puertorriqueños el más mínimo espacio de participación en los nombramientos. El poder absoluto es del presidente y del Congreso, y aunque la mayoría del país tiene dudas sobre los nombrados, esas preocupaciones nuestras no tienen ningún valor. Colonialismo puro.

(2) Protección legal aguada: una de las pocas supuestas virtudes de PROMESA es que iba a proteger a Puerto Rico de demandas judiciales de los acreedores. Los que empujaron la ley decían que sin esa protección iba a haber caos y la lluvia de demandas iba a impedir el funcionamiento del gobierno. Sin embargo, la junta no ha tenido su primera reunión y un juez federal ya determinó que esa protección no aplica y se anticipa que los pleitos van a continuar.

(3) Desarrollo económico en el limbo: otro de los supuestos positivos de PROMESA es que crea un grupo de trabajo congresional bipartita para estudiar iniciativas legislativas para impulsar nuestra economía. Pero la realidad es que ese comité se creó como un premio de consolación ante el hecho de que PROMESA no tiene ni una sola disposición para impulsar nuestro desarrollo económico. Este grupo sí tuvo su primera reunión, pero los pronósticos no son halagadores. El senadorOrrin Hatch dijo al terminar la reunión, “no estamos en posición de precisar hacia dónde irá el grupo en esos asuntos”, y para rematar, añadió que “no va a ser fácil” que las propuestas a discutirse sean aceptables por las “amplias diferencias filosóficas en términos políticos, económicos y de gastos”. De hecho, el senador Bob Menéndez, uno de nuestros pocos aliados en DC, expresó que no prevé legislación a favor de Puerto Rico este año.

En esencia, tenemos una junta desprestigiada y politizada, pero con poderes imperiales, que no nos protege contra demandas y no nos da nada para impulsar nuestra economía. Lo único claro es que Estados Unidos tiene el poder de meternos la mano en el bolsillo para pagarle a los acreedores, pero tiene estreñimiento político y económico para atender nuestras verdaderas necesidades. Hemos perdido nuestra limitada democracia a cambio de nada: de lo bueno para nosotros nada, pero de lo bueno para ellos, todo.

Estamos sin la soga y sin la cabra.

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