María de Lourdes Lara

Tribuna Invitada

Por María de Lourdes Lara
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Sin protección la libertad integral del ciudadano

En 1952, el Congreso de Estados Unidos rechazó y sacó, de la aprobada Carta de Derechos Humanos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), la sección 20. ¿Qué contenía esta sección que mereció tal desaprobación? Nada más, ni nada menos que los derechos que ahora cada ciudadano está perdiendo aceleradamente.

La Asamblea Constituyente del ELA reconoció en ese momento que el gobierno, para lograr un progreso y redistribución justa de la riqueza producida en el país, debía garantizar:

1-El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria.

2-El derecho de toda persona a obtener trabajo.

3-El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

4-El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física.

5-El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia

6-El derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales.

Cierra esta Carta de Derechos declarando qué, en su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico “el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible”.

Como vemos, no parecen derechos descartables. Más bien, parecen la más llana y exacta definición de los invocados “servicios esenciales” para los y las “más vulnerables”; que ahora mismo somos todos. La Constituyente lo tuvo claro en los años cincuenta del siglo pasado y el Congreso de Estados Unidos también lo entendió alto y claro, pero no los quiso conceder. Los rechazó de manera unilateral y así garantizó desangrar el país gota a gota. Simulacro tras simulacro, nos han hecho creer que crecimos y nos desarrollamos, pero fue pura pantalla para la Guerra Fría. Tras la derrota del bloque soviético en los 90´s, reinició el saqueo. Cada año, Puerto Rico produce más de 100 billones (declarado por el Secretario de Desarrollo Económico) en riqueza que no ven nuestras escuelas, nuestros puestos de trabajo, nuestra salud y seguridad pública.

Si nos fijamos bien, estos derechos de la Sección 20 son los que ahora el pueblo reclama a viva voz y en todos los sectores para que no se acaben de desproteger: una educación primaria y secundaria; conseguir un trabajo digno en nuestras tierras; salud, bienestar, techo, alimentación, atención a nuestros niños, a nuestros viejos, al pensionado y a los que sufren de incapacidad para valerse por sí mismos. Son estos derechos, inalienables y propios de la especie humana; esos que consagra y declaró, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas, para asegurar que situaciones como las que vivimos el día de hoy no sucedan.

A veces pienso si este rechazo de la Sección 20 por el Congreso y que en Puerto Rico aceptamos casi sumisamente, contemplaba la hecatombe que sufrimos hoy, viendo cómo la economía, la salud y la seguridad pública se derrumban como fichas de dominó; una a una. Creo igual que esta ¨película¨, de la que somos sus actores y actrices, la fuimos asumiendo como una aventura que tendría un final feliz y resulta que el guión era de horror. ¿Qué tal si le ponemos el nombre: La Gran Estafa o Un fraude Imperial? Cualquiera de estos temas lo describiría bien. Nosotros, sin regalías.

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