Emilio Nieves Torres

Tribuna invitada

Por Emilio Nieves Torres
💬 0

Sin protección los futuros pensionados

La defensa que hace el gobernador Ricardo Rosselló de la pensión de los retirados del servicio público deja fuera a los futuros pensionados. Se menciona a alrededor de 167,000 pensionados del gobierno central, de los maestros y de la judicatura. Sin embargo, se ignora a más de 150,000 empleados activos cuyas pensiones serán más bajas que las que recibe el jubilado retirado en los últimos 20 años.

El gobernador Ricardo Rosselló, en su mensaje al país, señala que “a los pensionados los sacrificaron durante la pasada administración eliminándoles a muchos de ellos la aportación al plan médico, el bono de verano y el de Navidad, y reduciéndoles drásticamente a los futuros pensionados su derecho a una pensión digna”. Muy cierto, pero el gobernador no plantea enmendar lo que hizo la pasada administración, sino darle continuidad.

Conforme a la Ley 106 de 2017, los maestros, la judicatura y los demás empleados de las agencias gubernamentales, desde julio de 2017, no reciben la aportación patronal para su retiro. Dependen de lo que ellos aportan individualmente y de lo que aporta cada agencia en bloque conocido como “pay go” (que es, por mucho, menor a la aportación por empleado). Además, esta ley le da continuidad a la imposición de la pasada administración de aumentar la edad de retiro para los empleados públicos, un sistema de aportaciones definidas y reducir su pensión con una fórmula en la cual la cantidad de la pensión está sujeta a la expectativa de vida. 

Con esta ley, el gobierno de Ricardo Rosselló coincide con lo que propone la Junta de Control Fiscal para todos los empleados públicos activos. Por ejemplo, un empleado público que se retiraba a los 30 años de servicio con una pensión de $2,000 mensuales, bajo la actual ley se retiraría con una pensión de $700. Si quiere aumentar su pensión a $800, con toda probabilidad tendría que trabajar 10 años más. Así de grave es la situación para todos los empleados públicos que, luego de la fusión de los tres sistemas de retiro, desconocen quiénes son los miembros de la Junta de Síndicos, las medidas a ser implantadas y el balance de las aportaciones que ha hecho.

Definitivamente, no se debe dar paso a los recortes de las pensiones de los jubilados. Tampoco podemos dar paso a una pensión de indigencia total a los que llevan 5, 10, 20, 30 y 40 años en el servicio público. Empleados públicos activos y retirados, tenemos que unir esfuerzos para combatir la agenda abusiva y criminal de los que han gobernado y de la Junta de Control Fiscal que es la expresión más clara de la opresión colonial de los Estados Unidos.

Otras columnas de Emilio Nieves Torres

miércoles, 10 de julio de 2019

Contratos: raíz de la crisis en Educación

Emilio Nieves Torres declara que el perfil de Julia Beatrice Keleher fue actuar al margen de las reglas, normas y leyes que rigen al Departamento de Educación en Puerto Rico

💬Ver 0 comentarios