Ismael Torres

Tribuna Invitada

Por Ismael Torres
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Sin rumbo los alcaldes

La seria crisis fiscal que afecta al gobierno puertorriqueño hace más de una década apunta a los gobiernos locales como su primera víctima y muchos alcaldes dan la impresión de que no se han enterado.

Mientras, los pocos que han visto el huracán administrativo que viene se han ido rápido por la vía más fácil: legislar impuestos en las limitadas actividades que aún no pagan y aumentar la cantidad de impuestos a los que pagan, como ha hecho en Caguas el alcalde William Miranda Torres.

Lo más preocupante es que hasta ahora no se ven señales ni de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales electos por el Partido Popular Democrático (PPD), ni de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos electos por el Partido Nuevo Progresista (PNP) delinear un plan para hacer frente a esa  nueva realidad que ya está aquí desde el primero de julio, cuando la junta territorial de control fiscal impuso el presupuesto general de gastos del gobierno para este año fiscal 2017-2018.

De los municipios que hay en Puerto Rico, apenas dos o tres parece que podrán seguir operando por algún tiempo sin mayores problemas, luego de los drásticos ajustes en sus operaciones, incluyendo la eliminación de contratos en asesorías y servicios no esenciales.

Ya los alcaldes saben que las relaciones con agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica, a la que no le pagan el consumo de energía, obligará cambios radicales en la operación de los municipios, en particular en el uso gratuito de instalaciones deportivas y culturales y hasta de centros donde hoy se dan servicios gratuitos a personas de la tercera edad (viejos, sin eufemismos).

Los ingresos de los municipios se han reducido al mínimo y los alcaldes tendrán que salir de cientos de empleados y los que se queden recibirán bajas sustanciales en sus salarios porque no hay dinero para pagar.

Josean Santiago, alcalde de Comerío, uno de los municipios más pobres de Puerto Rico, con una población aproximada de 20 mil personas y un presupuesto de menos de $10 millones, ha señalado que a ese caótico cuadro fiscal municipal había ahora que agregarle el impacto de la más reciente enmienda a la ley de retiro del gobierno que pone en manos de los gobiernos locales el pago de las pensiones de los empleados municipales retirados.  

Santiago, quien salió de trabajar con el alcalde de Carolina José Aponte de la Torre, quien formó a muchos funcionarios en la administración de las alcaldías y en el desarrollo de los municipios, ve muy mal la situación de los gobiernos locales, en particular porque aparte de la crisis fiscal que le viene encima, los municipios ni sus alcaldes están en la agenda de la junta territorial de control fiscal y menos de La Fortaleza, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló y a sus ayudantes.

Lo que viene para los residentes de los municipios es una nueva relación gobierno municipal-ciudadanía, en la que el pago por cualquier servicio que se reciba, desde educación, salud y seguridad, habrá que pagar de alguna manera.

En particular, ya algunos alcaldes hablan de la idea de buscar la manera en que las personas que reciben algún tipo de ayuda gubernamental, bien sea estatal o federal, haga alguna tarea en el municipio, desde limpieza de calles y parques hasta el mantenimiento de escuelas y edificios públicos, tomando en cuenta la condición física y de salud de las personas.

La idea es que desde ahora la ciudadanía sepa que se acabaron los servicios gratuitos y que para recibirlos habrá que hacer alguna aportación, la que sea.

Así es que todos se tienen que preparar para comenzar una nueva relación con los gobiernos locales, sabiendo que “se acabó el "free lunch”. Dicho en puertorriqueño: el que quiera peca’o, se tendrá que mojar el codo”.

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