Luis Gallardo

Tribuna Invitada

Por Luis Gallardo
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Solución a los estorbos públicos

Cada par de meses se celebra la aprobación de una ley que por fin va a terminar con los estorbos públicos. En este mes ya se han aprobado tres. Vienen cuatro más, según la página de trámites de la legislatura. Sin embargo, cada ley representa solo un parcho más en un marco legal sobrelegislado, fallido y, a veces, contradictorio. ¿Sabías, por ejemplo, que hay diez leyes distintas que facultan al gobierno declarar un estorbo público? Cada una con su definición, procedimiento y remedio. El resultado es una mogolla tan asquerosamente complicada que al final del día no se hace nada.

Recién se volvió a aprobar otra ley (la 96) para ahora facultar a Administración de Terrenos a declarar estorbos, pero solamente dentro del Municipio de San Juan —dejando fuera el restante, 77 municipios. Algunas de estas piezas tendrán sus buenas intenciones (menos la Ley 83 que buscaba desplazar comunidades), pero están lejos de soluciones al problema macro de los estorbos.

Hace falta una sola ley de estorbos públicos que agrupe a todos los poderes del gobierno en un solo proceso uniforme, que sea fácil de entender y ejecutar. Frente las ineficiencias del gobierno, dejadez de ciertos municipios y utilización de estos procesos de parte de algunos intereses para desplazar a comunidades, es necesario un proceso con base de participación ciudadana. Hace falta acortar el tiempo que tendrá que pasar para que una organización sin fines de lucro o comunidad tenga que esperar para reclamar un estorbo rescatado (que ahora está a 30 años). También hace falta un proceso donde cualquier ciudadano pueda iniciar una declaración de estorbo de manera expedita sin tener que esperar al gobierno.

No podemos seguir celebrando pequeñas victorias. Frente una situación que ha plagado a Puerto Rico en recientes años por la recesión económica y emigración masiva, hace falta una iniciativa agresiva y consolidada para atender el asunto de los espacios abandonados. La clave está en la simplificación, empoderamiento comunitario y la participación ciudadana.

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