Arturo Estrella

Tribuna Invitada

Por Arturo Estrella
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Solucionar la crisis a corto plazo

La discusión de la crisis fiscal se ha enfocado hasta ahora predominantemente en el largo plazo. De hecho, la crisis surge de la emisión desmedida de deuda gubernamental de largo plazo y muchas de las soluciones que se discuten o se presumen son también a largo plazo. Basta leer el texto de la Ley PROMESA o escuchar las deliberaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y de los analistas económicos para confirmarlo.

El problema con este enfoque es que, como dijo el célebre economista inglés John Maynard Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. Aún si aceptamos que Keynes exageraba para enfatizar su punto, siempre queda la realidad de que antes de llegar al largo plazo hay que sobrevivir el corto plazo.

A corto plazo, el Gobierno tiene que continuar cumpliendo con sus funciones oficiales y proveyendo servicios públicos. Para esto hace falta ingresos, pero como el Gobierno local no puede emitir moneda ni tiene acceso presentemente a los mercados de crédito, la única fuente de ingresos en estos momentos son los impuestos. Por eso cuando la JSF le transmitió sus guías al Gobierno, lo único que pudo ofrecer fueron aumentos en impuestos y reducciones en gastos públicos. También a corto plazo, el Gobierno tiene que manejar la chequera fiscal ya que los recaudos no están coordinados temporalmente con los gastos y el crédito de corto plazo igualmente se secó.

La asistencia de PROMESA se cifra primordialmente en la provisión temporera de una moratoria judicial para facilitar la renegociación de la deuda. La austeridad fiscal que exige la JSF a corto plazo es claramente perjudicial a la economía, y el crecimiento económico positivo que contemplan PROMESA, la junta y los economistas vendría mucho más tarde, en el largo plazo keynesiano.

Por su lado, el gobierno federal podría ofrecer varios tipos de asistencia a corto plazo sin incurrir en un rescate. Por ejemplo, el Congreso podría racionalizar la política pública con respecto al Medicaid, hacer cambios en las Leyes de Cabotaje o proveer garantías financieras como lo hizo en la crisis de Méjico en los años noventa. En proporción, el costo de estas alternativas para el erario federal sería escaso. Ya veremos qué pasa, pero no parece haber mucho interés en Washington. El Tesoro federal y el Sistema de Reserva federal, que han sido muy enérgicos en crisis anteriores, esta vez permanecen sumamente parcos. Sin acceso al Fondo Monetario Internacional, no hay otros recursos externos para la Isla.

Pero el Gobierno y el pueblo no se pueden cruzar de brazos ante la situación de corto plazo. En la ausencia de recursos externos o gubernamentales, la única alternativa es tomar acción local. El Gobierno tiene que hacerse mucho más eficiente y efectivo en la generación y utilización de fondos. Un Gobierno más ágil podría facilitar también la iniciativa empresarial, que es imprescindible para el crecimiento económico a cualquier plazo. De otra forma, un Gobierno que se atolla en procedimientos obsoletos y descoordinados asegura el fracaso.

Por su parte, el sector privado no puede esperar pasivamente a que vengan incentivos del gobierno federal o de un Gobierno local que está quebrado. Tiene que tomar acción inmediata y adoptar una visión empresarial vigorosa, identificando y aprovechando las oportunidades que existen aunque éstas requieran nuevas formas de pensar para obtener resultados. Esta iniciativa empresarial es esencial tanto en el sector con fines de lucro como en el sector cooperativo, que ha sido tan importante para el desarrollo económico de Puerto Rico. Finalmente, es crucial que en todo este proceso no se subestime la importancia fundamental de la educación como base de la eficiencia y de la iniciativa empresarial en todos los sectores de la economía.

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