José Alameda

Punto de Vista

Por José Alameda
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Soluciones simplistas ante la crisis de los municipios

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) parece brindar muy poca importancia a los gobiernos municipales en la provisión de servicios esenciales. Otra vez, el fantasma de la falta de definición de los servicios esenciales, mandatada por la Ley Promesa, pero desatendida malamente por este organismo y el gobierno central ronda por sus aposentos. 

A fines de 2019, la JSF solicitó una sentencia sumaria para anular la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019), que busca eximir a los municipios del pago al plan de salud y el retiro de los jubilados mediante el sistema ‘Pay as you Go’. La JSF se reafirma en el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico, el cual contempla la reducción de las transferencias del Fondo General a los municipios hasta su eliminación al año 2023. El impacto fiscal potencial de la legislación citada sería de aproximadamente $311 millones para el año fiscal 2020 y de $1,700 millones hasta el año fiscal 2024.  

La JSF arguye que se afectarían aún más las finanzas del Estado Libre Asociado, pero implícitamente no dice que esta medida liberaría del pago al Fondo General, pero a costa de colocar en bandeja de plata la cabeza de unos 35 municipios, pero que al final tendría efectos colaterales en otros municipios.  Además, la JSF tendría un “pote” más robusto para pagar a los bonistas y acreedores, y claro, “cuadrar” el presupuesto y regresar a los mercados municipales de crédito de Estados Unidos. 

Es claro que la crisis de muchos de los municipios tiene en gran medida una fuerte atadura al gobierno central, por el diseño político administrativo de establecer a los municipios como entidades o criaturas del Estado. Entonces, las causas de las crisis y sus soluciones deben surgir del gobierno central a menos que la Asamblea Legislativa no cree un nuevo diseño del marco legal-administrativo de los municipios.

Para muchos este rediseño evoca a una consolidación de los municipios en un marco legal-administrativo tales como condados, provincias o regiones. No queda claro si la estructura administrativa de los municipios que se agrega se limita total o parcialmente a la actual estructura administrativa de los municipios, ni tampoco como sería la nueva estructura administrativa. Decir que consolidar resuelve la crisis es una expresión de pura taumaturgia (magia), como por lo regular se presenta las cosas en Puerto Rico.  El mero nombre de consolidar no es sinónimo de resolver la crisis de los municipios. Además, y con toda posibilidad, genere mayores problemas en la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía, en especial, en casos de emergencia tales como huracanes y terremotos, en donde el gobierno central ha sido totalmente inefectivo. 

Por lógica de la economía de escala y de la agregación regional, los municipios más pequeños se deben agrupar dentro de un centro que equivale a un municipio mayor. Se cree que los municipios de mayor población puedan tener mayor capacidad de recaudos y de administración, pero sería lo contrario para aquellos pequeños.  Sin embargo, no es cuestión de capacidad de obtener ingresos sino de administrar los haberes públicos. 

El organismo conocido como ABRE Puerto Rico, realiza un índice de salud fiscal para los municipios, y como parte de este mismo, les otorga notas. Para el 2018, los 10 municipios con la mejor situación fiscal eran: Fajardo, Barranquitas, Rincón, Lares, Cayey, Isabela, Quebradillas, Añasco, Adjuntas y Aibonito. La mediana poblacional de estos es 25,521 (2018). No obstante, en los municipios con peor situación fiscal, según ABRE Puerto Rico, la mediana poblacional es 47,117. En ese grupo figuraron en 2018 San Juan y Ponce con poblaciones de 321 mil y 133 mil, respectivamente.  Por lo tanto, una cosa es la capacidad de obtener recursos y otra cómo se administren dentro del diseño administrativo. 

Es claro, que la solución en este caso no es tan fácil como se quiere plantear y las soluciones simplistas representan peores soluciones, en especial, para los menos que tuvieron que ver con la crisis. En este caso, cabe citar al Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz:  "Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla". 

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