Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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Solución práctica o suicidio colectivo

La situación de incertidumbre política, jurídica y gubernamental por la que atraviesa Puerto Rico tiene que superarse con prontitud.  En el plano teórico existen múltiples posibilidades, pero la realidad que confrontamos requiere una solución práctica inmediata.

Desde la perspectiva jurídica, al Tribunal Supremo corresponderá definir el estado de derecho. De un lado, el Tribunal tendrá que sopesar el hecho de que, si invalida la juramentación y desempeño como gobernador de Pedro Pierluisi, provocará en la práctica un vacío institucional que acrecentará la incertidumbre existente con consecuencias negativas para toda la sociedad. De otra parte, la posibilidad de que un secretario de Estado pueda ascender a la gobernación sin nunca recibir el aval de los cuerpos legislativos es igualmente inaceptable en términos democráticos y constitucionales.

Ante esta encrucijada, en la que cualquiera de las posibilidades produciría graves consecuencias políticas y sociales, la solución pragmática es que el Tribunal considere que por el hecho de Pierluisi haber sido designado secretario de Estado mientras la Asamblea Legislativa no estaba en sesión, asumió las funciones del cargo con todas las prerrogativas, incluyendo la de sustituir y asumir las responsabilidades del cargo de gobernador en la situación particular que nos ocupa. Esta posibilidad, incluso, es armonizable con la Ley 7 de 1952, según enmendada en el 2005, pues expresamente contempla y autoriza que un secretario de Estado no confirmado asuma la gobernación. 

Sin embargo, por tratarse de un nombramiento en receso, el secretario designado tiene que estar sujeto a recibir el aval de los cuerpos legislativos, lo que debe ocurrir antes del cierre de la próxima sesión legislativa.  De esta manera, no habrá un vacío en la gobernación, y el Senado que es el cuerpo que aún no ha actuado, tendrá el espacio para hacer su deliberación y decidir si confirma a Pierluisi en la gobernación o si lo convierte en el segundo gobernador expulsado en menos de un mes.

Esta última posibilidad y el riesgo que conlleva implica que, mientras se busca la solución jurídica, el PNP también tiene que trabajar una solución política, igualmente pragmática. Resulta un absurdo de grandes proporciones que sea el propio PNP el que implosione un segundo gobernador estadista en menos de tres semanas. La ruta de confrontación que se ha desarrollado entre Rivera Schatz y Pierluisi solo tiene un final posible: destrucción total para la colectividad y muerte súbita para su ideal de estadidad. Tal eventualidad no le hace bien a nadie, y muy particularmente a los senadores de la mayoría, los cuales con la denegación de la confirmación de Pierluisi sellarían también su muerte política al convertirse en los sepultureros del ideal.

Lo más sensato es que los cuatro grandes: Pierluisi, Rivera Schatz, Johnny Méndez y Jennifer González efectúen un detente en la ruta hacia el suicidio colectivo y trabajen un entendimiento de conveniencia. Arreglo, que no será lo que al principio cada quien aspiraba, pero que viabilizará la existencia futura de todos y de la colectividad. Como parte del entendimiento, debe acordarse una agenda de gobierno, una ruta de trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal y un mecanismo aceptable para atender las candidaturas a la gobernación del 2020. La alternativa propuesta es compleja y requiere disposición a ceder en posiciones previamente asumidas. Pero, si el PNP no se ocupa de salvarse a sí mismo, nadie lo hará por él. Si la arrogancia, el protagonismo y la imposición a raja tabla del capricho propio es lo que ha de imperar, Puerto Rico recordará el verano de 2019 como el momento en que los estadistas le dijeron descansa en paz a su ideal y al PNP.



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