Leo Aldridge

Punto de Vista

Por Leo Aldridge
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¿Son legales las pruebas compulsorias de COVID-19?

La gobernadora Wanda Vázquez baraja la posibilidad de ordenar que todo viajero que llegue a Puerto Rico por el Aeropuerto Luis Muñoz Marín tenga que someterse, de manera compulsoria, a una prueba para detectar si está contagiado con el COVID-19.

La idea persigue un fin apremiante: evitar que los residentes de Puerto Rico se contagien por personas infectadas de otras jurisdicciones. Y el momento es propicio para reenfocar la mirada sobre el COVID-19, ya que el martes se identificaron 35,000 nuevos casos en Estados Unidos.

Pero, si en efecto se obliga mediante orden ejecutiva a que todos los que lleguen a la Isla se hagan la prueba, la nueva regla presentaría una amalgama de problemas – logísticos, de política pública y, por supuesto, legales – que el gobierno debe seriamente considerar.

En el plano operacional, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, advirtió que no tiene las sobre 10,000 pruebas que necesitaría para examinar a todos los viajeros que entren diariamente por el aeropuerto. En cuanto a la política pública, hay inconsistencia entre esta medida restrictiva, invasiva y compulsoria al tiempo que la gobernadora liberaliza el comercio y anuncia con entusiasmo la reapertura del turismo internacional el 15 de julio. Un problema político: ¿qué dirá el presidente republicano Donald Trump – aliado de Wanda Vázquez – cuando se entere de las onerosas medidas para entrar a uno de sus territorios americanos en momentos en que critica las restricciones y quiere que todo vuelva a la normalidad?

Pero el asunto legal es el más espinoso y complicado.

La orden de obligar a todo viajero a realizarse una prueba de COVID-19 al llegar a Puerto Rico incide sobre varios derechos individuales que han sido aupados una y otra vez y que forman la zapata del sistema de valores estadounidense en el que, nos guste o no, estamos inmersos. Esa visión de mundo – llevada al ordenamiento legal – coloca los derechos individuales como un escudo contra el todopoderoso Estado. En esta nueva orden contemplada por la gobernadora, los derechos a la intimidad, a estar protegidos de registros irrazonables, a viajar libremente dentro de los Estados Unidos como ciudadanos y a participar del comercio interestatal estarían todos en juego.

Consultada al respecto, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, sostuvo en una opinión de marzo que “las protecciones constitucionales que rigen en Puerto Rico no impiden que el Departamento de Salud realice pruebas compulsorias de COVID-19 a todos los pasajeros que arriben a Puerto Rico”. Se fundamentó en que el Estado tiene un poder inherente (police power) dirigido a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. 

Los tribunales – no solo en Puerto Rico si no a traves de todo Estados Unidos – eventualmente intervendrán en este tipo de debate, con matices filosóficos, sobre qué hacer cuando lo individual está reñido con lo colectivo en momentos de emergencia. 

Las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico garantizan que los ciudadanos estén libres de intromisiones gubernamentales si no hay una orden judicial u otras circunstancias muy puntuales y apremiantes. No hay duda de que obligar a alguien a hacerse una prueba es una detención y de que existe una expectativa razonable de intimidad sobre el hueco de las narices por donde se realizaría la prueba compulsoria de COVID-19. La Constitución tiene algo que decir sobre esa expectativa de intimidad en la fosa nasal. Que un militar de la Guardia Nacional pretenda invadir el cuerpo de alguien a la fuerza – sin el consentimiento del ciudadano – tiene que preocuparnos como ciudadanos.

El gobierno tiene que ser sensible a estos preceptos constitucionales y dibujar, con sumo cuidado, los contornos por donde pretende caminar. Ya la Corte Suprema federal afirmó en 1979 que Puerto Rico no puede jugar a tener una frontera intermedia para intervenir con ciudadanos obviando los límites impuestos por la Constitución en cuanto a los registros y allanamientos. Quizás la mejor forma para el gobierno de convertir en obligatorias las pruebas es presentándolo como un bloqueo, algo que sí ha sido avalado por el Tribunal Supremo.

Si el gobierno ha decidido que la mejor forma de proteger la salud y seguridad del país es obligando a todos a hacerse las pruebas en el aeropuerto, tiene que resolver, como cuestión de umbral, el hecho práctico de que no hay suficientes pruebas. Si descifra eso, entonces debe asegurarse que la forma en que lleve a cabo este experimento – porque ninguna otra jurisdicción lo ha hecho – sea conforme con los postulados constitucionales de nuestro ordenamiento legal. Después de todo, aquello de que somos una sociedad de “ley y orden” no solo aplica como regaño a los ciudadanos, sino al gobierno también.


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