Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Tambaleo en perjuicio del paciente

Con la salud no se juega. Pero, en Puerto Rico, la salud de los ciudadanos depende cada vez más de las aseguradoras que pretenden determinar qué servicios reciben los pacientes, reducen las tarifas de los proveedores y pagan cuando les conviene a médicos, hospitales y laboratorios.

En momentos en que la población de la tercera edad va en incremento y la emigración de los más jóvenes se hace sentir en la caótica economía del País, los servicios de salud se tambalean en perjuicio del paciente.

Según datos del Negociado del Censo, el 75% de la población de Puerto Rico con 65 años o más tiene ingresos anuales menores de, o cercanos a, $12,060, que es la cantidad que fija el nivel de pobreza en Estados Unidos.

La situación precaria de los hospitales y los centros radiológicos, según se refleja en historias publicadas esta semana por este diario, igual que la de los laboratorios que se ha reportado anteriormente, coloca a los pacientes en gran desventaja a la hora de recibir los servicios de calidad que necesita y merece.

Como plantea el vicepresidente ejecutivo de HIMA San Pablo, Armando Rodríguez, si los hospitales empiezan a fracasar, el impacto económico va a ser “bien grande”.

“Practicar la medicina con las manos amarradas a la espalda es bien difícil”, afirmó Rodríguez al recalcar que esto repercute en el servicio que reciben los pacientes.

Podemos decir que el denominador común del problema es el poder que tienen las aseguradoras, que se han convertido en vacas sagradas bajo la protección del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

El control absoluto que mantienen las aseguradoras se refleja, también, en el desempeño de la Administración de Seguros de Salud (ASES), que ha colocado sobre esos negocios el manejo de la reforma de salud.

El espeluznante cuadro de despidos de personal, cierres de pisos y suspensión o reducción de servicios que presentaron los hospitales esta semana enfrenta a los pacientes a una crisis humanitaria de salud, desprovistos de protección gubernamental con la excusa de los ajustes forzosos de gastos.

Como señaló el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, las aseguradoras no pagan a tiempo, hay muchas denegaciones de servicios y mucho esfuerzo para cobrar, además de que los médicos siguen emigrando.

El futuro se torna cada vez más sombrío. A estas alturas del año, las asignaciones de Medicaid y Medicare para el año fiscal federal que comienza el 1 de octubre siguen siendo un misterio.

Del Medicaid depende el Plan de Salud del Gobierno, Mi Salud, que sirve a más de 1.5 millones de personas en Puerto Rico. En tanto, Medicare sostiene los servicios de salud de la población retirada mayor de 65 años, que en el 2016 sumaba 646,000 personas.

El subgrupo de Salud del Frente por Puerto Rico convocado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tiene la tarea urgente de cabildear en Washington por más fondos para servicios de salud, pero también debe trabajar en la identificación de alternativas viables al control de las aseguradoras sobre dichos fondos. A la comisionada residente Jenniffer González le toca llevar la voz cantante en estos reclamos.

La realidad cruda del País es que cada vez hay más personas mayores de 65 años y menos jóvenes. Entre 2010 y 2016, según datos del Censo, los mayores crecieron en 18%, mientras que los menores de 20 años disminuyeron en 21 por ciento.

Parece obvio concluir que el derecho a la salud, que es de todos, no puede seguir siendo rehén de las aseguradoras.

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